Un tribunal federal en el sur de Florida ordenó la revocación de la ciudadanía estadounidense de un hombre de origen haitiano tras comprobarse que obtuvo ese estatus ocultando su participación en un esquema de fraude relacionado con programas de ayuda durante la pandemia.
El caso involucra a Joff Stenn Wroy Philossaint, de 25 años y residente en Fort Lauderdale, quien fue despojado de su ciudadanía por decisión del juez Rodney Smith, tras determinar que incurrió en declaraciones falsas durante su proceso de naturalización.
Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, entre abril de 2020 y mayo de 2021, el acusado participó en un esquema que generó aproximadamente 3.8 millones de dólares mediante solicitudes fraudulentas de préstamos vinculados a programas de alivio económico por COVID-19. Estas solicitudes incluían información falsa sobre ingresos y nóminas.
Las autoridades indicaron que Philossaint y sus colaboradores presentaron alrededor de 40 solicitudes fraudulentas, obteniendo fondos ilícitos, de los cuales el acusado recibió personalmente cerca de 549,000 dólares en préstamos y comisiones.
El elemento clave del caso radica en que, mientras ejecutaba el esquema, Philossaint había iniciado su proceso de naturalización en febrero de 2020. Durante una entrevista oficial en diciembre de ese año, negó bajo juramento haber cometido delitos o haber proporcionado información falsa para obtener beneficios públicos, lo que permitió que obtuviera la ciudadanía el 9 de febrero de 2021.
Posteriormente, en septiembre de 2022, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obtención ilícita de ciudadanía. El acusado se declaró culpable de varios cargos, y un jurado lo halló culpable en el resto.
En junio de 2023 fue condenado a 50 meses de prisión federal, y en febrero de este año, el tribunal aprobó la solicitud de la fiscalía para revocar su ciudadanía, al considerar que fue obtenida mediante engaño.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el acusado construyó su proceso migratorio sobre declaraciones falsas mientras desviaba fondos destinados a apoyar a pequeñas empresas durante la crisis sanitaria.
El caso subraya una postura cada vez más firme de las autoridades estadounidenses frente al fraude en programas públicos y al uso indebido del sistema migratorio, estableciendo que la obtención fraudulenta de beneficios puede derivar en la pérdida de la ciudadanía.
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