Revisión Súbita en el Caso del 11 de Septiembre Desata Controversia en EE.UU.

En una medida sorpresiva, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anulado un acuerdo de culpabilidad previamente establecido con Khalid Sheikh Mohammed, el presunto autor intelectual detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y dos coacusados. Este cambio abrupto también incluyó la destitución de la supervisora a cargo, Susan Escallier, en un momento crítico de las deliberaciones prejuicio.

El viernes por la noche, un memorando del Pentágono reveló que Austin había decidido reservar para sí mismo la autoridad sobre este caso, revocando los acuerdos que descartaban la pena de muerte y prometían condenas de prisión a cambio de admisiones de culpa. Esta decisión llega apenas dos días después de que se anunciara públicamente el acuerdo, que había sido objeto de negociaciones desde marzo de 2022.

El proceso judicial contra Mohammed y sus coacusados ha estado plagado de retrasos y complicaciones, incluyendo cuestionamientos sobre la admisibilidad de pruebas obtenidas bajo tortura. Inicialmente acusado en 2008, el juicio ha enfrentado múltiples postergaciones debido a problemas logísticos y la pandemia de coronavirus, con una fecha tentativa establecida para enero de 2021 que nunca se concretó.

La cancelación del acuerdo ha generado reacciones mixtas, destacando las preocupaciones de políticos y grupos de víctimas, quienes han expresado su descontento con la falta de transparencia y el potencial impacto de esta decisión en la justicia para las víctimas. Brett Eagleson, presidente de la organización 9/11 Justice, criticó la naturaleza cerrada de los acuerdos y la falta de acceso a información crucial.

Por su parte, figuras políticas como el senador demócrata Richard Blumenthal y el republicano Lindsey Graham también han cuestionado la decisión, sugiriendo que puede enviar un mensaje equivocado en un momento crítico de lucha contra el terrorismo global.

Este giro en el caso refleja las dificultades continuas del gobierno estadounidense para cerrar definitivamente los capítulos legales del peor ataque terrorista en suelo americano, mientras enfrenta desafíos legales y políticos que han perdurado a lo largo de varios gobiernos.

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