El 14 de septiembre de 2024, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunció con gran optimismo que, desde mayo de este año, el proceso de legalización de documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) se completaba en un plazo máximo de diez días. Según sus declaraciones, este avance se debe al «esfuerzo conjunto» de los trabajadores y los organismos implicados. También mencionó que, entre enero y septiembre de 2024, más de 1.200.000 documentos habían sido validados por la Cancillería para surtir efecto en el extranjero.
Sin embargo, estas afirmaciones del canciller no coinciden con las experiencias diarias de miles de cubanos que se encuentran atrapados en un proceso burocrático lento, opaco y, para muchos, desesperante. Mientras las cifras oficiales destacan la eficiencia de los trámites, la realidad en las oficinas estatales, bufetes colectivos y consultorías jurídicas del país cuenta una historia muy diferente.
La larga espera: cuando los diez días se convierten en meses
Una encuesta reciente realizada por el medio independiente elTOQUE reveló datos que contrastan fuertemente con el optimismo oficial. De los 583 participantes en el estudio, el 56% reportó haber esperado más de un mes por la legalización de sus documentos, muy lejos del plazo de diez días que asegura el Minrex. Solo el 13% de los encuestados afirmaron haber completado sus trámites dentro de ese plazo.
Blanca, una ciudadana cubana afectada por estos retrasos, comenta que lleva «cuatro meses esperando» y que la abogada que la asesora le ha indicado que «aún están en tiempo». Su experiencia no es aislada. A diario, cubanos de todas las provincias relatan historias similares sobre largas demoras, falta de información clara y, en muchos casos, el temor de que sus documentos se pierdan en algún rincón de la inmensa burocracia estatal.
Uno de los mayores puntos de frustración es que, mientras los ciudadanos esperan por la legalización de sus documentos, el tiempo corre en su contra. Para muchos, estos trámites son la única vía que les permitiría emigrar, continuar estudios en el extranjero o acceder a oportunidades laborales fuera de Cuba. «Cada día que pasa es una oportunidad perdida», lamenta Raúl, un joven que lleva meses intentando legalizar su título universitario para poder optar a un trabajo en el exterior.
Sobrecargas, corrupción y falta de claridad
El proceso de legalización en Cuba no solo es lento, sino también profundamente complicado. Aunque el Minrex es la institución encargada de validar los documentos para que surtan efecto en el extranjero, existen múltiples entidades involucradas en el proceso, desde bufetes colectivos y ministerios hasta universidades y consultorías jurídicas. Cada una de estas instituciones maneja sus propios tiempos y, en muchos casos, las solicitudes quedan atrapadas en esta maraña burocrática.
Ana, otra afectada por el sistema, cuenta cómo en septiembre de 2023 solicitó a la Universidad de La Habana el «plan temático» de su carrera, un documento necesario para algunas maestrías y trabajos en el extranjero. Un año después, todavía no ha recibido respuesta. «Una cosa es el Minrex y otra la universidad», señala frustrada. Este retraso, sin embargo, es solo la punta del iceberg de un problema más profundo.
Los cubanos también denuncian que obtener un turno para legalizar documentos se ha vuelto casi imposible sin recurrir a métodos alternativos, como pagos «por debajo de la mesa» a los funcionarios. Esta práctica, aunque ilegal, se ha convertido en una solución desesperada para aquellos que no pueden esperar indefinidamente. En un país donde el salario promedio ronda los 4.648 CUP (aproximadamente 14.5 USD), muchos se ven obligados a destinar sumas considerables para poder acelerar sus trámites. El costo de la legalización de un título académico, por ejemplo, puede ascender a 12.000 CUP (37.5 USD), más del doble del salario mensual de un trabajador promedio.
La emigración masiva y la inacción del gobierno
El colapso del sistema de legalización de documentos en Cuba no puede desvincularse del fenómeno migratorio que ha marcado a la isla en los últimos años. Con más de 600.000 cubanos que han abandonado el país en busca de mejores oportunidades, tanto de manera regular como irregular, las instituciones responsables de procesar las solicitudes migratorias se han visto abrumadas. A esto se suma la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de España, que permite la adquisición de la nacionalidad española y ha disparado la demanda de legalizaciones en el país.
Según datos oficiales, en 2023 más de 153.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos de manera irregular, mientras que otros 67.000 lograron llegar a través del parole humanitario implementado por la Administración Biden. España también ha sido un destino popular para los emigrantes cubanos, con más de 22.479 ciudadanos que han obtenido la nacionalidad bajo la mencionada ley.
Ante este panorama, el gobierno cubano ha reiterado su compromiso con una «migración regular, ordenada y segura». Sin embargo, las promesas oficiales no se corresponden con la realidad que enfrentan los ciudadanos. Los retrasos y las trabas burocráticas no solo complican la vida de quienes buscan salir del país, sino que también afectan a aquellos que intentan legalizar documentos para trámites académicos o laborales.
La vida más allá de La Habana: una situación aún más crítica
El problema de las legalizaciones no afecta solo a los residentes de La Habana, donde se encuentran las principales sedes del Minrex y otras entidades responsables. En las provincias, el proceso es aún más lento debido a la necesidad de enviar los documentos a la capital y esperar su devolución. «Ese tiempo de diez días es para los que viven en La Habana, para el resto no es así», afirma Danilo, un residente de Villa Clara.
Las oficinas provinciales no solo enfrentan mayores demoras, sino que también suelen estar sobrecargadas. Según informó Maricela Ana Casanova Álvarez, coordinadora de Bufetes de Servicios Especializados (BES) en Villa Clara, en 2023 la oficina provincial tenía pendientes más de 15.000 documentos por enviar a La Habana, pero el Minrex solo recepcionaba unos 2.000 documentos por semana. Esta acumulación de solicitudes ha generado largas colas, frustración y desesperanza entre quienes necesitan los documentos para poder continuar con sus vidas.
¿Promesas vacías o incapacidad estructural?
El gobierno cubano ha realizado varios anuncios a lo largo de 2023 y 2024 sobre la mejora en el proceso de legalización de documentos, pero la realidad muestra que estas medidas no han sido suficientes para solucionar el problema de raíz. La situación económica del país, sumada a la ineficiencia estructural de las instituciones y la alta demanda de trámites, hace que muchos cubanos se pregunten si alguna vez verán una solución real a esta crisis.
Para quienes intentan emigrar o necesitan sus documentos legalizados para trabajar o estudiar en el extranjero, el tiempo no está de su lado. La frustración crece cada día, alimentada por la falta de respuestas claras y el temor a quedar atrapados en un proceso interminable.
Las promesas del canciller Rodríguez Parrilla sobre la agilización de la legalización de documentos en Cuba han sido recibidas con escepticismo por una población que vive, en carne propia, las deficiencias del sistema. Mientras los ciudadanos continúan esperando una solución real, la inacción y los largos plazos parecen ser la norma. La situación no solo afecta a aquellos que buscan emigrar, sino que también refleja una crisis más profunda en la capacidad del Estado para gestionar de manera eficiente los trámites burocráticos en un país que, cada vez más, parece tener a la emigración como su única salida.
