WASHINGTON.— La Ley de Insurrección es uno de los instrumentos legales de emergencia más amplios con los que cuenta el presidente de Estados Unidos y permite el despliegue de fuerzas militares en territorio nacional para contener episodios de desorden civil. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de recurrir a esta normativa en el estado de Minnesota, en medio de una escalada de tensiones vinculadas a operativos migratorios.
Aunque suele denominarse Ley de Insurrección de 1807, en realidad se trata de un conjunto de estatutos aprobados entre 1792 y 1871, que otorgan al Ejecutivo federal la facultad de utilizar al Ejército para asistir o sustituir a las autoridades civiles cuando estas se consideren incapaces de restablecer el orden. Diversos análisis jurídicos, entre ellos los del Centro Brennan para la Justicia, subrayan que se trata de una de las herramientas de emergencia con menor nivel de definición y control.
En condiciones normales, la Ley Posse Comitatus de 1878 limita severamente la participación del Ejército en funciones policiales. La invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente esas restricciones, permitiendo que tropas federales participen en tareas de seguridad interna. Algunas disposiciones requieren la solicitud expresa del estado afectado, pero otras autorizan al presidente a actuar sin el consentimiento del gobernador, e incluso en contra de su voluntad.
La norma no equivale a la ley marcial, ya que no transfiere el gobierno civil a los militares, pero sí habilita a las fuerzas armadas a apoyar directamente a las autoridades civiles en situaciones que el Ejecutivo considere excepcionales. Expertos recuerdan que un presidente no tiene autoridad legal para declarar la ley marcial en Estados Unidos, pero sí un margen amplio para activar la Ley de Insurrección.
En términos históricos, la última vez que se aplicó fue en 1992, durante el mandato de George H. W. Bush, a petición del estado de California tras los disturbios en Los Ángeles. También fue utilizada en la década de 1950 y 1960 por presidentes como Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy para garantizar la integración racial en escuelas públicas, incluso frente a la resistencia de autoridades estatales. En total, ha sido invocada alrededor de 30 veces en la historia del país.
Trump no ha activado formalmente la ley en Minnesota, pero ha advertido que podría hacerlo si, a su juicio, las autoridades estatales no logran controlar ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE). La tensión aumentó tras dos incidentes recientes vinculados a operativos migratorios, incluido uno con resultado mortal y otro con personas heridas, lo que derivó además en acciones legales del estado contra el Gobierno federal.
Especialistas advierten que la amplia discrecionalidad presidencial y la falta de estándares claros convierten a la Ley de Insurrección en un instrumento controvertido, cuyo eventual uso reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo y el papel de las fuerzas armadas en asuntos de orden interno. La eventual reforma de esta normativa dependería exclusivamente del Congreso de Estados Unidos.
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