Aunque la green card, o tarjeta de residencia permanente, permite a millones de inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no garantiza inmunidad ante la deportación. Las autoridades migratorias estadounidenses pueden revocar ese estatus si la persona incurre en determinadas acciones consideradas como causales de remoción conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
En el contexto del actual plan de deportaciones masivas impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, que ha prometido enfocarse inicialmente en personas indocumentadas con antecedentes penales, también se ha intensificado el escrutinio sobre los residentes legales permanentes, conocidos también como «green card holders».
¿En qué casos pueden ser deportados los residentes legales?
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y la sección 237 de la Ley INA, un residente permanente puede ser deportado si:
- Comete delitos graves, conocidos como delitos con agravantes, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, fraude migratorio, soborno de testigos, pornografía infantil o cualquier acto que involucre violencia severa.
- Tiene múltiples condenas penales, incluso si cada una por separado no sería causal de deportación, pero juntas sí constituyen un patrón de conducta delictiva.
- Participa en fraude matrimonial, es decir, casarse únicamente con fines migratorios para obtener beneficios.
- Viola leyes migratorias, como ayudar a otra persona a entrar ilegalmente al país, escapar de un punto de control fronterizo o ingresar fraudulentamente.
- Está vinculado a actividades terroristas, conspiración, sabotaje o sedición.
- Comete violencia doméstica, acoso, abuso infantil o viola órdenes de protección judiciales.
- Participa en trata de personas o explotación de menores.
La abogada de inmigración Elizabeth Uribe explicó a CNN que el estatus de residente permanente es un privilegio, no un derecho absoluto. “Una persona con green card no debería ser deportada sin un juicio justo en un tribunal de inmigración, pero sí puede perder su estatus si un juez determina que ha incurrido en causas de remoción”, señaló.
¿Qué implica esto en el contexto actual?
Con la nueva política migratoria de la administración Trump, muchos residentes legales con antecedentes penales o procesos judiciales abiertos se sienten vulnerables, especialmente aquellos que han cometido errores en el pasado, por menores que sean. Aunque cada caso es evaluado individualmente por un juez de inmigración, los márgenes para la permanencia se reducen cuando hay una política de cero tolerancia en marcha.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 10 millones de green cards fueron emitidas entre 2014 y 2023, con más de 1,1 millones otorgadas solo en 2023. Esto representa una población significativa que, si bien no está en situación irregular, no está exenta de la vigilancia migratoria.
Los residentes permanentes deben ser conscientes de que su estatus, aunque legal, no es incondicional. Actos delictivos, incluso algunos considerados menores en la justicia penal estatal, pueden tener graves consecuencias migratorias, incluyendo la posibilidad de una orden de deportación.
Mantener una conducta intachable y estar bien informado sobre las leyes migratorias es esencial para evitar riesgos legales, especialmente en un entorno político donde la inmigración está bajo constante escrutinio.
Con información de CNN.
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