De cara a los comicios de medio término en 2026, funcionarios estatales en Colorado han reportado haber sido contactados por representantes vinculados al Partido Republicano, quienes habrían alegado actuar en coordinación con la administración del presidente Donald Trump para implementar medidas federales relacionadas con la integridad electoral. Entre las solicitudes más polémicas se incluyó permitir el acceso de terceros a sistemas y equipos electorales locales, propuesta que fue rechazada por los responsables del proceso en los condados de Fremont y Weld.
Aunque desde la Casa Blanca se han desvinculado de estas acciones, las gestiones coinciden con una serie de iniciativas impulsadas desde el poder ejecutivo para modificar las reglas del sistema electoral. El contexto es especialmente delicado: el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes está en juego, y una leve ganancia por parte de los demócratas podría obstaculizar la agenda legislativa del mandatario en la segunda mitad de su gestión.
El mandatario firmó en marzo un decreto con medidas como la exigencia de prueba de ciudadanía para el registro de votantes y la restricción del conteo de votos por correo que lleguen después del día electoral. Aunque algunas disposiciones han sido bloqueadas por la justicia federal, se han replicado en propuestas legislativas impulsadas en estados como Texas, donde además se ha presentado un rediseño de distritos electorales que favorecería al partido en el poder.
Además, el Departamento de Justicia ha solicitado a diversas entidades estatales que entreguen información sobre registros de votantes y sus políticas de depuración, lo que ha despertado preocupación entre funcionarios electorales, quienes temen presiones indebidas o investigaciones motivadas por intereses políticos. Encuestas recientes reflejan ese malestar: muchos administradores locales se sienten vulnerables frente a posibles represalias por decisiones técnicas que podrían no ser bien recibidas por el Gobierno central.
El caso de la exfuncionaria electoral de Colorado, Tina Peters, condenada por acceder indebidamente a equipos de votación, ha sido retomado por el Ejecutivo como un ejemplo de presunta “persecución política”. La administración ha intervenido públicamente en su defensa, alimentando los temores sobre el uso político de los mecanismos judiciales y administrativos.
En este clima, varios responsables del proceso electoral han reportado amenazas, cambios en sus rutinas de trabajo por motivos de seguridad y desconfianza creciente hacia la coordinación entre instancias estatales y federales. Expertos en derecho electoral advierten que esta estrategia podría debilitar la credibilidad de las elecciones, al transmitir la idea de que las decisiones locales están sometidas a presiones políticas externas. La tensión entre el nivel federal y los gobiernos estatales se mantiene, mientras aumenta la incertidumbre sobre la transparencia y neutralidad del proceso democrático en Estados Unidos.
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