En un episodio que ha despertado tanto alarma como solidaridad entre vecinos, residentes de la calle Santo Suárez, en el corazón de La Habana Vieja, protagonizaron una intensa persecución ciudadana tras sorprender a un presunto ladrón dentro de una vivienda. La propietaria del inmueble descubrió al intruso en plena acción y, sin titubear, alertó al resto de los habitantes del barrio, quienes respondieron con rapidez y determinación.
Provistos de palos, machetes y un sentido colectivo de justicia, los vecinos organizaron un cerco que se extendió incluso hasta las azoteas, persiguiendo al individuo por el laberinto arquitectónico de las cuarterías habaneras. La movilización vecinal no sólo impidió la fuga del sospechoso, sino que permitió su localización antes de la llegada de las autoridades.
Al poco tiempo, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudieron al lugar y lograron detener al hombre. Sin embargo, los agentes optaron por no sacarlo de inmediato de la cuartería donde fue confinado, pues la tensión en la zona era palpable. La indignación de los vecinos crecía, y el riesgo de que se produjera un acto de justicia por mano propia obligó a los oficiales a esperar refuerzos antes de trasladarlo con seguridad a la estación.
El suceso, que se viralizó rápidamente en redes sociales y a través del boca a boca en la comunidad, refleja no sólo la inseguridad creciente que perciben los ciudadanos en determinadas zonas urbanas, sino también la capacidad de respuesta colectiva que emerge en estos contextos. En ausencia de una vigilancia más eficaz, la comunidad ha optado por asumir un rol activo en la protección de su entorno, aunque no sin riesgos.
Este episodio pone sobre la mesa varias cuestiones: el delicado equilibrio entre la autodefensa comunitaria y el respeto al debido proceso, la efectividad de los mecanismos policiales en zonas de alta densidad urbana y el estado del tejido social en barrios patrimoniales que, pese al deterioro material, conservan fuertes lazos vecinales.
A medida que las autoridades investigan el caso, la situación invita a una reflexión más amplia sobre la seguridad ciudadana y la responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad civil para garantizar un entorno seguro, pero también justo.
