En un contexto judicial tenso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar en el caso que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntas actividades de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se ha amparado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que le exime de la obligación de declarar por ser cónyuge de la investigada.
El juez Juan Carlos Peinado se ha trasladado a primera hora de este martes al Palacio de La Moncloa para tomar la declaración de Sánchez. Originalmente, el presidente había solicitado que su intervención se realizara por escrito, propuesta que no fue aceptada por el juez. El proceso ha atraído la atención pública y mediática, destacándose por su importancia política y judicial.
La llegada del juez al palacio presidencial fue a las 10:20 AM, acompañado por representantes de la Fiscalía y las defensas de los implicados en el caso, incluida la letrada de Vox, Marta Castro, quien coordina las acusaciones populares. La presencia de estas figuras subraya la seriedad y la delicadeza de las acusaciones que pesan sobre la esposa del presidente.
Fuera de La Moncloa, el ambiente era cargado, con manifestantes de la plataforma ‘Hazte Oír’ concentrados desde tempranas horas de la mañana. Los simpatizantes proclamaban consignas como ‘Pedro Sánchez a prisión’ y ‘Juan Carlos Peinado, España está a tu lado’, evidenciando el polarizado clima político que envuelve este caso.
Este evento marca un momento crucial no solo para la carrera política de Sánchez, sino para la estabilidad del gobierno actual. Los desarrollos futuros serán decisivos en el desenlace de este significativo capítulo de la política española.
