📍 Por Redacción CubaHerald, con información de Martí Noticias — La experiencia del cubano-alemán Juan Carlos Hernández Mora es un recordatorio inquietante sobre la fragilidad de la seguridad jurídica en Cuba, especialmente para quienes regresan al país con intenciones de invertir. No cuestionamos que, si se demuestra la comisión de un delito, la ley actúe con todo su rigor. Sin embargo, resulta preocupante que una propiedad adquirida legalmente, con capital propio y justificado en el momento de la compra, pueda ser confiscada sin que se demuestre de forma concluyente que está directamente relacionada con la conducta delictiva por la que se condena a su dueño.
Hernández Mora, que vivió más de una década en Alemania, decidió repatriarse en 2008, comprar una casa colonial en el centro de Trinidad y abrir un hostal orientado al turismo europeo. En 2020 fue condenado a 12 años de prisión por proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico, en un juicio celebrado a puertas cerradas. Como parte de la sentencia, se confiscó la vivienda, pese a que —según afirma— fue adquirida íntegramente con ahorros y trabajo en el extranjero.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, advierte que se han documentado múltiples casos similares desde los años noventa: propietarios de inmuebles en zonas turísticas, incluidos repatriados y residentes que alquilan a extranjeros, enfrentan acusaciones graves que terminan con la pérdida de sus propiedades. En palabras de Diversent, el uso de procesos penales para apropiarse de bienes de alto valor se ha repetido en distintos puntos del país.
El caso de Hernández Mora no es aislado. Ejemplos recientes incluyen:
- Frank Cuspinera Medina, empresario cubanoamericano, quien denuncia la confiscación de su patrimonio en medio de un proceso judicial cuestionado.
- Armando Unsain, ciudadano español, que perdió una vivienda y un automóvil valorados en más de 400.000 dólares, adquiridos legalmente, sin compensación oficial.
Estos precedentes plantean una pregunta clave: ¿qué protección real tienen los ciudadanos —nacionales o repatriados— frente a la posibilidad de que sus bienes sean confiscados de manera irreversible? Sin un proceso judicial transparente y pruebas claras que justifiquen la incautación, la propiedad privada queda en una situación de vulnerabilidad permanente.
Si el país pretende atraer inversión extranjera y capital de la diáspora, es imprescindible que existan garantías legales sólidas que protejan el derecho a la propiedad. Sin ello, cada historia como la de Hernández Mora no solo supone una tragedia personal, sino que envía un mensaje desalentador a quienes piensan regresar o emprender en la isla: sin seguridad jurídica, cualquier proyecto puede perderse de un día para otro.
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