El pasado 1 de julio, el Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo impuesto del 1% sobre las remesas enviadas por personas no ciudadanas estadounidenses, siempre que superen los 15 dólares. La medida forma parte del paquete legislativo denominado One Big Beautiful Bill («Una Gran y Hermosa Ley»), impulsado por el presidente Donald Trump, y representa un golpe directo a millones de migrantes, incluidos cientos de miles de cubanos que dependen de estos envíos para sostener a sus familias en la isla.
Aunque el gravamen aprobado es menor al 3,5 % originalmente propuesto, organizaciones defensoras de derechos migratorios advierten que la medida recae desproporcionadamente sobre trabajadores migrantes con estatus legal, como titulares de visas H-1B, H-2A, H-2B y residentes permanentes, mientras excluye expresamente a ciudadanos estadounidenses, quienes no estarán obligados a pagarlo.
En el caso cubano, el impacto será particularmente significativo. Más del 90 % de las remesas que recibe la isla provienen de EE.UU., y los datos indican que los cubanos en ese país envían en promedio unos 2.165 dólares anualesa sus familiares. Este nuevo impuesto, aunque aparentemente modesto, significará una pérdida directa en los montos que llegan a los hogares cubanos, ya severamente golpeados por la crisis económica, la inflación y los cortes eléctricos.
Además, la medida mantiene las restricciones sobre los migrantes indocumentados y favorece solo a remitentes a través de canales verificados, lo que acentúa la dependencia de vías informales para el envío de dinero. Desde el regreso de Trump a la presidencia, Western Union volvió a cesar operaciones en Cuba, lo que ha empujado nuevamente a un alto porcentaje de cubanos —hasta un 78% en 2023— a utilizar servicios alternativos con comisiones más altas y menor transparencia.
En el contexto regional, el envío de remesas desde Estados Unidos ha sido un pilar económico clave para América Latina y el Caribe. En 2024, los migrantes en EE.UU. enviaron más de 160.000 millones de dólares a la región, convirtiéndose en una fuente de ingresos esencial para millones de familias. En el caso específico de Cuba, el flujo de remesas cayó un 47 % entre 2019 y 2023, al pasar de casi 4.000 millones a 1.972 millones de dólares, reflejo de las restricciones impuestas tanto en origen como en destino.
Este nuevo impuesto, aunque promovido como una medida para “garantizar que quienes se benefician del sistema también contribuyan”, es visto por críticos como un mecanismo de penalización económica hacia los migrantes, especialmente en un contexto donde la retórica antiinmigrante ha cobrado nueva fuerza. En la práctica, son las familias receptoras quienes absorben el impacto, en lugares donde esos ingresos representan la diferencia entre la subsistencia y la precariedad.
¿Le importa a Washington el bienestar de estas comunidades o se trata de una estrategia de presión con fines políticos? Mientras las preguntas siguen abiertas, lo cierto es que para miles de hogares cubanos, el envío de remesas será ahora más costoso y menos eficaz, con implicaciones profundas para una población ya golpeada por la escasez y la falta de oportunidades.
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