La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, introduce el Programa Parole in Place, dirigido a regularizar la situación de numerosos inmigrantes indocumentados en el país. A pesar de las esperanzas que genera este programa, que comenzará a implementarse en agosto, ha surgido una notable exclusión: los cubanos que han llegado recientemente a Estados Unidos, incluso aquellos casados con ciudadanos estadounidenses, no serán elegibles bajo esta nueva política.
Según el presidente Biden, el objetivo del programa es ofrecer un alivio migratorio a aquellos inmigrantes que, habiendo demostrado buena conducta, posean vínculos familiares con ciudadanos o residentes permanentes estadounidenses. La iniciativa se basa en criterios establecidos por la Ley 42B, la cual permite a individuos que han residido ilegalmente en el país durante al menos diez años y tienen familiares cercanos con ciudadanía o residencia, solicitar una suspensión de la deportación.
Willy Allen, un abogado especializado en inmigración, señaló la particularidad de la medida respecto a los migrantes cubanos. Aunque la política beneficiará a muchos, excluye específicamente a aquellos cubanos que no cumplen con el requisito de residencia mínima de diez años, a pesar de que algunos puedan estar casados con ciudadanos estadounidenses.
La nueva política ha generado tanto esperanza como incertidumbre. Allen expresó preocupación sobre los detalles operativos del programa, incluyendo el formato y costos del proceso de legalización. Además, advirtió sobre los potenciales retrasos, dado que los tribunales de inmigración ya enfrentan atrasos significativos, aunque espera que con el Parole in Place se agilicen algunos casos.
Este cambio en la política migratoria representa un desafío para la comunidad cubana recién llegada, ajustándose a la complejidad del sistema legal y las restricciones específicas que impone la nueva orden ejecutiva.
