El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump con el objetivo de impedir la aplicación de una orden ejecutiva que autorizaría a agencias federales a retirar financiación a centros educativos que permitan la inclusión de atletas transgénero en equipos femeninos.
Según reporta Europa Press, la demanda, presentada este martes, responde a una iniciativa impulsada por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi, quien amenazó con sancionar a estados como Minnesota y California por permitir que estudiantes trans participen en competiciones deportivas en concordancia con su identidad de género.
Durante una rueda de prensa, Ellison calificó la orden ejecutiva como un ataque directo a la infancia vulnerable y una afrenta a la legislación estatal. “Minnesota ha presentado esta demanda para detener a Trump y a su Administración y evitar que acose a niños vulnerables en este estado”, declaró, subrayando el compromiso de su oficina con la defensa de los derechos civiles.
La querella busca que se declare inconstitucional tanto la orden como las advertencias emitidas por el Departamento de Justicia, argumentando que interfieren indebidamente con las competencias del Congreso y contravienen la cláusula de separación de poderes establecida en la Constitución de Estados Unidos.
Minnesota cuenta con una de las legislaciones más amplias del país en materia de derechos LGBTQ+. La Ley de Derechos Humanos del estado protege desde 1993 a las personas transgénero frente a la discriminación, y en 2023 el gobernador Tim Walz promulgó una ley que convierte al estado en un refugio legal para menores trans y sus familias que enfrenten restricciones en otros territorios del país.
El enfrentamiento legal se produce en un momento de creciente polarización política en Estados Unidos respecto al tratamiento de los derechos de las personas trans, especialmente en el ámbito escolar y deportivo. Mientras algunos estados promueven normas inclusivas, otros han optado por regulaciones que excluyen a estudiantes trans de determinados espacios, generando una oleada de litigios en tribunales federales y estatales.
El caso de Minnesota podría marcar un precedente importante en esta batalla judicial, al establecer si el poder ejecutivo federal puede condicionar el acceso a fondos públicos a criterios que algunos consideran discriminatorios y contrarios a las leyes de derechos civiles vigentes. Mientras se espera una resolución judicial, organizaciones defensoras de los derechos humanos han respaldado la acción legal del estado, destacando la necesidad de proteger la dignidad e integridad de todos los estudiantes, independientemente de su identidad de género.
