La congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante republicana por Miami, cuestionó públicamente la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente los procesos migratoriosprovenientes de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países catalogados como de “alto riesgo”. La medida forma parte de una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que establece una pausa en peticiones de residencia permanente, entrevistas de asilo y ceremonias de ciudadanía para decenas de miles de solicitantes.
En declaraciones ofrecidas al Miami Herald, Salazar calificó la política como un acto de “castigo colectivo” que perjudica a inmigrantes que han seguido los canales legales. Según afirmó, “los inocentes no deben pagar por los culpables”, señalando que la pausa migratoria vulnera principios fundamentales de la tradición estadounidense de acogida y legalidad.
La congresista subrayó que verificaciones de antecedentes y mecanismos de seguridad ya existen dentro del sistema migratorio de Estados Unidos, por lo que considera innecesario imponer una suspensión generalizada que afecte a comunidades enteras, especialmente en el sur de Florida, donde miles de solicitantes cubanos y venezolanos habían esperado durante años avanzar en sus procesos.
Mientras Salazar se distanció abiertamente de la línea dura adoptada por la Casa Blanca, otros representantes republicanos de Miami —Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez— expresaron su apoyo a la medida, atribuyéndola a fallas heredadas de la administración anterior. Para ellos, la pausa permite “restaurar el orden y reforzar la seguridad nacional”, pese al impacto directo que tendrá en residentes locales.
La decisión del DHS ocurre tras un reciente incidente en Washington D. C., lo que llevó al Gobierno a endurecer temporalmente las evaluaciones migratorias. Sin embargo, la medida tiene efectos amplios: deja en un limbo legal a solicitantes de TPS, beneficiarios de parole humanitario y personas que esperaban completar su trámite de naturalización. Muchos residentes en el sur de Florida reportaron la cancelación inmediata de ceremonias programadas para esta semana.
La pausa migratoria abre un debate profundo dentro del propio Partido Republicano. Mientras un sector defiende el enfoque como necesario para reforzar la seguridad, otros —como Salazar— advierten que la política podría fracturar la confianza de comunidades que han sido históricamente aliadas y que hoy ven comprometido su futuro migratorio.
La discusión continúa, marcada por la preocupación de miles de familias de origen cubano, haitiano y venezolano que dependen de estos procesos para estabilizar su vida en Estados Unidos. Para muchos de ellos, la pausa no solo representa un retraso administrativo, sino un cambio radical en su proyecto personal y en su seguridad jurídica.
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