En un giro que ha estremecido a la comunidad cubanoamericana, especialmente en Florida, la administración de Donald Trump ha iniciado una ofensiva migratoria que tiene como blanco directo a quienes alguna vez fueron sus más fervientes aliados. Más del 70% de los cubanoamericanos votaron por Trump y el Partido Republicano, consolidando su importancia como bloque electoral decisivo en el estado más disputado de las elecciones. Sin embargo, ese respaldo no ha sido correspondido con protección ni con políticas diferenciadas, sino con redadas, deportaciones y una profunda sensación de traición.
Florida —y particularmente ciudades como Miami, Hialeah y Miramar— se ha convertido en el campo de batalla de una campaña migratoria que parece ignorar lealtades pasadas. Según reporta el Miami Herald el 21 de marzo de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 18 personas, en su mayoría mujeres cubanas, durante citas rutinarias en oficinas de Miramar. Estas acciones no son casos aislados: forman parte de una operación sistemática que apunta especialmente a los inmigrantes con estatus I-220A.
El I-220A es un documento emitido por ICE a quienes cruzan la frontera y quedan bajo supervisión mientras se decide su futuro legal. En el pasado reciente, fue una tabla de salvación para miles de cubanos que huían del colapso económico y político en la isla. Hoy, es una herramienta de rastreo y deportación que los pone en la mira de una política migratoria cada vez más agresiva.
La mayor amenaza, sin embargo, va más allá de las redadas actuales: expertos y activistas temen que la propia Ley de Ajuste Cubano esté en peligro. Esta ley, aprobada en 1966, garantizaba a los cubanos un camino directo hacia la residencia legal tras un año y un día en territorio estadounidense. Aunque ha sido una piedra angular del excepcionalismo migratorio cubano, la nueva retórica antiinmigrante y los movimientos políticos en Washington sugieren que podría ser revisada o eliminada.
«Estamos viendo los primeros pasos de una estrategia para desmantelar los privilegios migratorios históricos de los cubanos«, advirtió Luis Miranda, abogado de inmigración y defensor de derechos humanos en Miami, en declaraciones a CubaHerald. «La Ley de Ajuste Cubano ya ha sido debilitada por medidas burocráticas y restricciones legales. Si Trump retoma el poder, lo próximo podría ser su eliminación formal».
En este contexto, el respaldo de la comunidad cubana a Trump parece haber perdido su valor de intercambio. El discurso de seguridad nacional, las promesas de deportar millones de inmigrantes y la necesidad de enviar señales de fuerza a su base política han convertido a los cubanos en víctimas de la misma maquinaria migratoria que ellos ayudaron a empoderar.
La ironía es brutal. Durante décadas, los cubanos fueron vistos como los “inmigrantes buenos”: anticomunistas, emprendedores, patriotas. Una narrativa que favoreció su inclusión en el sistema político estadounidense. En barrios como Little Havana, donde el café humea junto a retratos de mártires del exilio, hoy predomina la decepción. “Nos hicieron creer que estábamos del lado correcto, que por ser cubanos teníamos un lugar asegurado. Pero ahora nos están deportando como a cualquiera”, confesó un comerciante local entrevistado por El Nuevo Herald.
En redes sociales, la indignación crece. Cuentas como @DirectorioCuban han documentado una alarmante ola de detenciones de cubanos con I-220A, y advierten sobre un potencial cambio en el estatus legal de más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según filtraciones no confirmadas, esta política entraría en vigor el 24 de abril de 2025, lo que ha incrementado el clima de temor y desesperanza.
Frente a esta situación, la respuesta política ha sido ambigua. Mientras algunos representantes republicanos cubanoamericanos, como Alex Rizo, han defendido las deportaciones como “necesarias para el orden migratorio”, otros han optado por el silencio, incapaces o reacios a contradecir públicamente al líder que ayudaron a instalar en la Casa Blanca.
Para muchos analistas, este momento marca el fin simbólico del trato especial que los cubanos han recibido por décadas. “El exilio cubano ya no es intocable. Hoy son una pieza más en el tablero político de Trump, y si su narrativa exige sacrificarlos, lo hará sin dudar”, explicó María Elena García, politóloga de la Universidad Internacional de Florida.
¿Qué queda entonces para la comunidad cubana? Para algunos, es una amarga lección sobre la naturaleza volátil de las alianzas políticas. Para otros, es un llamado urgente a reorganizar su liderazgo, exigir respuestas y proteger los derechos que aún conservan. En esta nueva Roma —donde los traidores no son recompensados sino exiliados—, el mensaje de Trump ha sido claro: ya no hay distinciones. Los que ayer fueron aliados hoy son prescindibles.
Y mientras las redadas continúan, la Ley de Ajuste Cubano —ese pilar que por décadas ofreció estabilidad y futuro— tiembla en su cimiento, amenazada por una visión política que ya no cree en excepciones. La comunidad cubana enfrenta un momento de inflexión histórica: aferrarse a promesas rotas o construir nuevas formas de resistencia.
