En medio de un preocupante aumento de los delitos asociados al tráfico y consumo de drogas, las autoridades cubanas han realizado un juicio ejemplarizante en La Habana como parte del llamado tercer Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento contra este tipo de conductas. La medida busca enviar un mensaje de advertencia y reafirmar una política de “cero tolerancia”, pero también revela una realidad que ya no puede ocultarse: el fenómeno de las drogas ha ganado terreno en distintos sectores del país.
Durante años, el discurso oficial ha insistido en que Cuba estaba al margen de las dinámicas regionales relacionadas con el narcotráfico, presentando al país como una excepción en el mapa latinoamericano. Sin embargo, la multiplicación de casos vinculados a estupefacientes, muchos de ellos involucrando a jóvenes, contradice esa narrativa y plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas preventivas implementadas hasta ahora.
La insistencia en los juicios ejemplarizantes como principal herramienta de enfrentamiento sugiere una respuesta reactiva más que estratégica. Estas audiencias públicas, con fuerte carga simbólica, buscan escarmentar, pero no necesariamente resolver el problema de fondo. La raíz del fenómeno parece estar ligada a factores estructurales que se han profundizado: la crisis económica, la falta de horizontes para las nuevas generaciones, el empobrecimiento progresivo de los barrios y la pérdida de referentes sociales sólidos.
Mientras se promueven etiquetas como #ContraLasDrogasSeGana, en la práctica no se han presentado políticas sostenidas de atención comunitaria, programas de reinserción para consumidores, ni mecanismos transparentes que permitan una evaluación pública del problema. La opacidad informativa impide conocer datos concretos sobre el crecimiento del consumo, las rutas del narcotráfico interno o la dimensión real de la crisis.
La celebración de estos juicios también genera inquietud respecto a los derechos de los acusados y la garantía de procesos imparciales. En un sistema donde la justicia carece de contrapesos independientes, la instrumentalización de los tribunales para enviar mensajes políticos o disciplinar a determinados sectores no puede descartarse.
El avance de las drogas en Cuba es un síntoma de un deterioro mayor. Más allá de campañas mediáticas o respuestas punitivas, lo que está en juego es la capacidad del país para ofrecer alternativas reales y sostenibles a una ciudadanía cada vez más golpeada por la incertidumbre. El combate al narcotráfico exige más que sentencias ejemplares: requiere voluntad de transformación social, autocrítica y un enfoque integral que por ahora parece ausente.
