LA HABANA.— Asesinatos que estremecen comunidades enteras, robos de motocicletas a punta de machete, agresiones en plena calle, feminicidios y reportes sobre grupos juveniles organizados forman parte de una realidad que hace apenas algunos años muchos cubanos consideraban excepcional y que hoy aparece con creciente frecuencia en redes sociales y medios independientes. La pregunta comienza a repetirse dentro y fuera de la isla: ¿qué está haciendo el Estado para contener este deterioro de la seguridad ciudadana?
Durante décadas, una de las ideas más repetidas dentro del discurso oficial cubano fue que la isla conservaba niveles de seguridad muy superiores a los de otros países de América Latina. Sin embargo, esa percepción se ha erosionado a medida que se multiplican los testimonios y reportes sobre delitos violentos.
La dimensión exacta del problema resulta difícil de establecer porque Cuba no publica de manera regular estadísticas criminales detalladas y comparables sobre homicidios, robos violentos, agresiones, pandillas o distribución territorial del delito. Esa ausencia de información limita cualquier intento serio de determinar hasta dónde ha crecido realmente la criminalidad.
Aun así, los observatorios independientes muestran señales preocupantes. Cubalex documentó 2.932 hechos relacionados con violencia e inseguridad ciudadana entre 2023 y comienzos de agosto de 2026, incluidos 736 homicidios y feminicidios. Solo en julio registró 168 episodios de violencia e inseguridad y 37 homicidios, la cifra mensual más alta desde que comenzó su monitoreo en 2023.
Otro monitoreo, realizado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), identificó 2.833 reportes de delitos durante 2025, frente a 1.317 en 2024 y 649 en 2023. Esto representa un crecimiento superior al 115% en un solo año dentro de los hechos documentados por la organización. Estas cifras no equivalen necesariamente al total real de delitos cometidos en Cuba, pero sí reflejan una expansión notable de los casos que consiguen hacerse públicos.
Especial preocupación genera la aparición de grupos juveniles y pandillas vinculadas a robos, agresiones y drogas sintéticas, particularmente en La Habana. Investigaciones periodísticas recientes describen organizaciones con códigos internos, territorios de influencia y mecanismos de protección entre sus integrantes, aunque no existen datos oficiales que permitan conocer su número o extensión real.
También los prolongados apagones parecen estar creando condiciones favorables para determinados delitos. Vecinos de Santiago de Cuba han denunciado robos de motorinas, viviendas y materiales eléctricos durante horas de oscuridad, además de enfrentamientos violentos entre grupos en algunos barrios.
La comparación con El Salvador surge inevitablemente entre algunos cubanos, especialmente cuando aparecen referencias a pandillas y violencia urbana. Sin embargo, todavía sería incorrecto afirmar que Cuba ha alcanzado una situación equivalente a la que vivió ese país durante los años de mayor dominio territorial de las maras. El Salvador llegó a registrar algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo y estructuras criminales capaces de controlar comunidades enteras. No existe actualmente evidencia pública suficiente para afirmar que Cuba se encuentre en ese nivel.
Pero la comparación sirve para plantear una advertencia: los problemas de seguridad que durante años se minimizan pueden convertirse en fenómenos estructurales si el Estado pierde capacidad de prevención, investigación y presencia efectiva en los barrios.
¿Y qué está haciendo el Gobierno cubano?
La profunda crisis económica, la expansión del mercado informal, el deterioro de los servicios públicos, el consumo y tráfico de drogas sintéticas, los apagones prolongados, la pérdida de oportunidades para los jóvenes y el debilitamiento de determinados mecanismos comunitarios crean un terreno en el que la delincuencia puede crecer con mayor facilidad.
Existe además otro problema fundamental: la falta de transparencia estadística.
En marzo de 2024, representantes del Ministerio del Interior y la Fiscalía reconocieron públicamente la percepción de un incremento de la violencia, aunque sostuvieron que los delitos violentos representaban aproximadamente el 9% del total y que su incidencia no superaba necesariamente los niveles anteriores a la pandemia.
Dos años después, la cantidad de casos difundidos públicamente hace cada vez más difícil reducir el fenómeno únicamente a una cuestión de percepción.
Para recuperar la confianza, el Gobierno tendría que publicar periódicamente datos completos sobre homicidios, robos, agresiones, feminicidios, drogas, pandillas, esclarecimiento de delitos y distribución territorial de la criminalidad, permitiendo conocer qué está ocurriendo realmente y si las políticas aplicadas están funcionando.
La pregunta no es solamente cuánto ha aumentado la delincuencia.
La verdadera pregunta es si las autoridades conseguirán detenerla antes de que la violencia deje de ser una sucesión de casos aislados y termine convirtiéndose definitivamente en parte de la normalidad cotidiana cubana.
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