La Fiscalía General de la República de Cuba ha iniciado procesos penales contra ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas en respuesta a los prolongados apagones que afectan a la población desde hace casi un año. Estos actos de protesta han generado tensiones y críticas tanto dentro como fuera del país, mientras aumenta el escrutinio internacional sobre las medidas represivas que el gobierno cubano ha adoptado para controlar la situación.
Según la nota informativa publicada por la Fiscalía, las interrupciones en el suministro eléctrico, derivadas de dificultades en el sistema electroenergético nacional y los efectos de fenómenos climáticos recientes, han impactado severamente a la economía y a la ciudadanía cubana. La Fiscalía argumenta que en los territorios afectados, se están realizando labores de recuperación y servicios vitales, los cuales, según esta institución, deben llevarse a cabo en un clima de orden y respeto a las autoridades.
En este contexto, se han iniciado procesos judiciales en las provincias de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila, donde se acusa a varios manifestantes de delitos de atentado, desórdenes públicos y daños a la propiedad. Como medida cautelar, se ha dictado prisión provisional para los imputados, quienes, según la Fiscalía, habrían agredido a autoridades locales, resultando en lesiones y alteraciones del orden público.
La Fiscalía enfatiza la importancia de la “legalidad socialista” y el respeto a las autoridades, exhortando a los ciudadanos a ejercer sus derechos de manera “adecuada” y en conformidad con sus obligaciones. Sin embargo, la decisión de procesar judicialmente a los manifestantes ha sido recibida con escepticismo por observadores internacionales, que señalan que el derecho a la protesta pacífica es fundamental y que el uso de medidas restrictivas en estos casos puede resultar en sanciones adicionales contra el régimen cubano.
El endurecimiento de la postura gubernamental podría traer consecuencias en la arena internacional, ya que diversos actores han advertido que este tipo de acciones contra manifestantes pacíficos, en lugar de disuadir las protestas, podría amplificar el descontento y provocar mayor presión diplomática sobre Cuba.
