La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha implementado medidas cautelares a favor de un ciudadano de Camagüey, sancionado a raíz de su participación en protestas en agosto de 2022. Aunque no reconocido oficialmente como tal, su caso ha generado preocupación internacional sobre la integridad personal y salud del individuo.
Fray Pascual Claro Valladares, quien fue arrestado el 24 de agosto de 2022, ha enfrentado condiciones severas durante su detención, incluyendo aislamiento prolongado y entornos insalubres. La CIDH, al emitir la solicitud 41/2024, ha resaltado estas condiciones como una amenaza potencial a su bienestar.
Desde su arresto, Pascual ha sido sometido a interrogatorios intensos, con el objetivo de obtener autoincriminaciones. Además, ha experimentado maltrato físico y psicológico tanto por parte de otros detenidos como de funcionarios del establecimiento penitenciario, incluyendo un incidente en febrero de 2023 que resultó en lesiones físicas no documentadas oficialmente.
Condenado a diez años de privación de libertad bajo cargos de sedición por el Tribunal Municipal Popular de Nuevitas, actualmente cumple su sanción en el centro penitenciario Cerámica Roja. En un acto de desesperación, Pascual intentó suicidarse en abril como protesta contra su condena, resaltando la gravedad de su situación y el tratamiento que ha recibido.
Esta medida cautelar de la CIDH busca presionar para un cambio en las condiciones de detención y garantizar la protección de los derechos básicos de Pascual, mientras su caso continúa atrayendo la atención de organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
