Una jueza federal de Colorado declaró en desacato a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de que agentes migratorios detuvieran nuevamente a un inmigrante mexicano apenas unos minutos después de cumplir una orden judicial que exigía su liberación. La resolución fue emitida el miércoles 18 de noviembre.
La magistrada Charlotte N. Sweeney determinó que la actuación de los funcionarios incumplió las instrucciones del tribunal en el caso de Ramón Quintero Álvarez, un ciudadano mexicano que llevaba varios meses bajo custodia migratoria en Colorado. Sin embargo, decidió no imponer sanciones adicionales después de que las autoridades aseguraran que habían suspendido esa práctica.
Quintero Álvarez llegó a Estados Unidos entre 1993 y 1994 y residía en Wyoming junto a sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses. Permanecía detenido desde febrero de 2026 y, el pasado 27 de octubre, recibió sus pertenencias y fue autorizado a salir del centro de detención de Aurora. No obstante, agentes de ICE volvieron a arrestarlo inmediatamente después de que alcanzara un espacio público.
Durante el procedimiento judicial, Nichole Black, funcionaria de ICE, reconoció que actuó siguiendo instrucciones de sus superiores. También admitió que disponía de información incorrecta sobre la supuesta existencia de cargos pendientes contra el inmigrante, circunstancia que fue examinada por el tribunal.
La situación no habría sido un caso aislado. Según la Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado (ACLU), entre octubre y principios de noviembre se documentaron al menos 18 episodios en los que inmigrantes fueron liberados por orden judicial y detenidos nuevamente de manera inmediata. Estos incidentes generaron cuestionamientos sobre el cumplimiento de las decisiones de los tribunales federales.
En una audiencia celebrada el 4 de noviembre, la jueza estableció condiciones específicas para garantizar la libertad de Quintero Álvarez. Cualquier nueva detención debía estar respaldada por pruebas claras y convincentes de riesgo de fuga o peligro para la comunidad, evaluadas previamente en una audiencia con derecho a representación legal. También prohibió imponer restricciones adicionales distintas de las existentes antes de su detención.
El 9 de noviembre, Nathan Rasper, director interino de ICE en Denver, declaró bajo juramento que había ordenado detener las nuevas detenciones inmediatas y liberar a las personas afectadas. Tras recibir esas garantías y confirmar que Quintero Álvarez había recuperado su libertad, la magistrada consideró subsanado el desacato y cerró el expediente. La decisión subraya la obligación de las autoridades migratorias de cumplir las órdenes judiciales, incluso en el contexto de las políticas de control migratorio de Estados Unidos.
Fuente: Información del procedimiento judicial federal en Colorado y Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado (ACLU), según el reporte difundido.
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