Milwaukee, Estados Unidos — Una jueza estatal del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue declarada culpable de un delito grave por obstruir la labor de agentes federales de inmigración, tras un juicio que ha generado amplio debate en el ámbito jurídico y político estadounidense. El jurado la absolvió de un cargo menor, pero determinó que incurrió en interferencia con una agencia federal, un veredicto que podría acarrear consecuencias penales y administrativas de gran alcance.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía federal, los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en el tribunal con la intención de arrestar a un inmigrante indocumentado que debía comparecer ante la jueza por un caso no relacionado con inmigración. Según el relato de los fiscales, Dugan confrontó a los agentes respecto a su presencia en el tribunal y posteriormente facilitó la salida del acusado por una puerta lateral, evitando el punto donde los oficiales lo esperaban.
Aunque el individuo fue detenido poco después fuera del edificio judicial, la fiscalía sostuvo que la conducta de la jueza interfirió deliberadamente con una acción oficial, lo que constituye un delito grave bajo la legislación federal. Durante el proceso judicial se presentaron testimonios de funcionarios y personal del tribunal, así como registros que, según la acusación, demostraron que la jueza actuó con conocimiento de que su proceder podía obstaculizar el arresto.
El jurado emitió un veredicto mixto: absolvió a Dugan del cargo menor de ocultamiento, pero la declaró culpable del delito principal de obstrucción, que conlleva una posible pena de prisión y sanciones económicas. La fecha de la sentencia aún no ha sido fijada, pero la condena implica que la magistrada no puede continuar ejerciendo funciones judiciales mientras se resuelve su situación legal.
El caso ha adquirido dimensión nacional al producirse en un contexto de endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias y de tensiones recurrentes entre autoridades federales y actores locales. Para el Departamento de Justicia, el fallo envía un mensaje claro sobre la obligatoriedad de cumplir la ley federal, incluso para funcionarios electos o designados. Para sectores críticos, el proceso plantea interrogantes sobre los límites entre la independencia judicial y la cooperación obligatoria con las agencias federales.
Desde una perspectiva institucional, el veredicto contra Hannah Dugan subraya un punto clave: los tribunales, como espacios de administración de justicia, no están exentos del alcance de la ley federal, y cualquier intento de interferir con una operación legalmente autorizada puede derivar en responsabilidades penales, incluso cuando quien actúa es una jueza en ejercicio.
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