Según un reporte de Mario J Pontón, la jueza Melody González Pedraza, procedente de Villa Clara, Cuba, arribó al Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, el pasado jueves, bajo el programa de Parole Humanitario. Sin embargo, enfrentó obstáculos para ingresar a Estados Unidos debido a su historial judicial en Cuba, lo que llevó a la magistrada a solicitar asilo político. Actualmente, se encuentra detenida mientras espera una resolución judicial, según información proporcionada por su patrocinador, Roberto Castellón, a Martí Noticias.
González Pedraza fue partícipe en la emisión de sentencias de prisión de tres y cuatro años a cuatro jóvenes de Encrucijada, acusados de atacar propiedades policiales y de la Seguridad del Estado con cócteles molotov en noviembre de 2022. Las decisiones judiciales, que también involucraron a las magistradas Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez, han sido objeto de críticas por falta de garantías procesales, según denuncias de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La llegada de González Pedraza a Estados Unidos se produce en un contexto complicado, dada su participación en procesos judiciales controvertidos en Cuba. Su cuenta en redes sociales, que previamente había sido utilizada para compartir contenido pro-gobierno, fue eliminada tras su llegada a Tampa.
Desde Cuba, familiares de los jóvenes condenados han expresado su descontento y desconcierto por la ironía de la situación, señalando la severidad con la que González Pedraza juzgó a sus hijos, mientras que ella ahora busca protección en el mismo país al que muchos de estos jóvenes aspiraban emigrar.
El caso de González Pedraza subraya los dilemas éticos y legales del sistema de asilo y los programas migratorios de Estados Unidos, particularmente para individuos provenientes de la Cuba. La jueza enfrenta un proceso legal que determinará si puede permanecer en el país o si será devuelta, un destino que ella misma parece temer.
El patrocinador de la jueza, quien también es su primo, ha defendido su acción alegando que su actuación fue meramente profesional y acorde con sus deberes. Sin embargo, la comunidad exiliada y los derechos humanos en la isla continúan siendo un tema sensible y polarizador en el debate sobre la inmigración y el asilo en Estados Unidos.
