Un juez federal de Estados Unidos determinó que la Administración violó el debido proceso de un grupo de ciudadanos venezolanos deportados el 15 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión de El Salvador, tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump.
La decisión fue emitida por el juez James Boasberg, quien ordenó al Gobierno federal que, antes del 5 de enero, presente un plan concreto para facilitar el regreso de los migrantes a territorio estadounidense o, alternativamente, garantizarles audiencias individuales que les permitan impugnar legalmente sus deportaciones.
El fallo responde a una demanda presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) y la organización Democracy Forward, que argumentaron que la aplicación de la ley fue ilegal y sumaria, al no ofrecer a los afectados la posibilidad de ser escuchados por un tribunal ni de contar con representación legal previa a su expulsión.
En su resolución, Boasberg coincidió con los demandantes en que los venezolanos tenían derecho a una audiencia, subrayando que la legislación estadounidense “no exige menos” incluso en contextos relacionados con seguridad nacional. El magistrado también certificó el caso como demanda colectiva, lo que permitirá que los demandantes representen a todos los hombres deportados durante ese operativo específico.
Aunque los migrantes fueron trasladados posteriormente a Venezuela en junio, el juez señaló que ese hecho no extingue la responsabilidad legal del Gobierno, que ahora deberá explicar cómo corregirá la violación constitucional identificada. El tribunal dejó claro que la obligación estatal no se limita al resultado final de la deportación, sino al procedimiento seguido para llevarla a cabo.
El caso añade presión judicial sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma histórica raramente aplicada en tiempos recientes, y reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, especialmente cuando se adoptan medidas extraordinarias sin revisión judicial previa.
La información fue reportada inicialmente por Telemundo, y el proceso continuará bajo supervisión del tribunal federal mientras la Administración define los pasos a seguir para cumplir con la orden judicial.
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