La reciente actualización de precios y condiciones comerciales anunciada por ETECSA, que incluye la implementación de recargas en USD, topes de consumo en CUP y tarifas más elevadas para el acceso a datos móviles, ha desatado una oleada de críticas entre usuarios en redes sociales, incluso entre sectores habitualmente alineados con las estructuras oficiales.
Figuras como El Necio o el periodista Pedro Jorge Velázquez, que por lo general respaldan el discurso gubernamental y defienden sus principios desde dentro del sistema, han salido públicamente a expresar su malestar por el nuevo esquema tarifario de la empresa estatal de telecomunicaciones. Sus mensajes han apuntado contra la falta de sensibilidad social, los altos precios de los paquetes en divisas, el tope de consumo mensual en CUP y la desconexión entre las decisiones empresariales y las necesidades reales de la ciudadanía.
Pero más allá del contenido de estas críticas, lo que llama la atención es su naturaleza selectiva. Porque mientras el país vive una de las peores crisis energéticas de los últimos años, con apagones de hasta 18 horas en varias provincias, un sistema de salud debilitado, y una economía paralizada por la inflación y el desabastecimiento, muchas de estas mismas voces han guardado silencio. Hoy protestan por las tarifas de ETECSA, pero han sido menos vocales frente a situaciones que impactan directamente en derechos más esenciales, como la alimentación, la electricidad o el acceso a servicios básicos.
El caso de ETECSA, sin embargo, toca una fibra distinta: el acceso a internet. Para muchos en Cuba, conectarse es hoy sinónimo de comunicación con familiares, de trabajo, de educación, de entretenimiento, e incluso de desahogo emocional ante una realidad compleja. Por eso, restringir ese acceso —ya sea mediante precios elevados, pagos en divisa o planes limitados— tiene un efecto inmediato, visible y, sobre todo, emocional. Y por eso, también, es una medida que incomoda incluso a quienes han sido tradicionalmente indulgentes con otras decisiones oficiales.
El propio Pedro Jorge Velázquez lo reconoce: “Esta es una medida capitalista que afecta sobre todo a la clase obrera”. Y va más allá al cuestionar si ETECSA está preparada para enfrentar el juicio de sus clientes y ofrecer, a cambio del encarecimiento, una mejora real del servicio, que hoy sufre de cortes, lentitud y una calidad muy por debajo de estándares internacionales.
Sin embargo, el problema no se reduce a un reajuste de tarifas. Lo que está sobre la mesa es más profundo: una desconexión entre las estrategias administrativas y las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, especialmente de quienes no reciben remesas ni tienen acceso a divisas. Si un paquete de 16GB cuesta hoy más de 11.000 CUP o 35 USD, y el salario promedio ronda los 4.000 CUP, la ecuación se vuelve insostenible.
La protesta contra ETECSA es válida y necesaria. Pero el reto de fondo es superar la crítica puntual y abordar los problemas estructurales que hacen de cada decisión económica una carga adicional para un pueblo ya agobiado por la escasez, los apagones, la inflación y la incertidumbre. La desconexión digital es, al final, solo una expresión más de una desconexión mucho mayor: la que existe entre quienes toman decisiones y quienes las padecen.
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