Según reporta The Intercept, con el cual colaboramos, el estado de Idaho ha llevado un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos argumentando que la ley federal EMTALA, que prohíbe la discriminación en la atención médica de emergencia, interfiere con su prohibición del aborto. Esta situación ha desencadenado una intensa batalla legal y ética sobre los derechos de las personas embarazadas en el contexto de las leyes de aborto estatales y federales.
En la década de 1980, el Hospital del Condado de Cook en Chicago observó un aumento alarmante en el número de pacientes inestables transferidos a su instalación, muchos de los cuales eran personas desempleadas y de minorías étnicas que no podían pagar por la atención médica necesaria. Este fenómeno, conocido como «dumping de pacientes», llevó al Congreso a aprobar la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo Activo (EMTALA), que exige que todos los hospitales que reciben fondos federales específicos realicen una evaluación médica de cada paciente que llegue a emergencias y, en caso de una emergencia médica, proporcionen el tratamiento estabilizador necesario.
Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization que anuló el derecho constitucional al aborto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. reiteró la obligación de los hospitales bajo EMTALA de proporcionar cuidados de aborto cuando el estado del paciente lo requiere, incluso si el estado tiene prohibiciones de aborto. Idaho ha desafiado esta interpretación, alegando que el aborto no está protegido bajo EMTALA y que la ley federal está interfiriendo con la capacidad del estado para regular el aborto.
Los abogados de Idaho, representados por la organización conservadora Alliance Defending Freedom, argumentan que la posición del gobierno federal es una invención y que la verdadera intención de Dobbs era devolver a los estados la autoridad para regular el aborto. Esto ha planteado un dilema legal significativo, ya que EMTALA fue diseñado para ser una ley de «rescate», asegurando que cualquier persona pueda acceder a la atención cuando tiene una emergencia médica, según Nicole Huberfeld, profesora en las escuelas de derecho y salud pública de la Universidad de Boston.
El caso ha generado una amplia preocupación sobre el potencial efecto dominó en otros estados con prohibiciones similares de aborto y ha subrayado la tensión entre las leyes estatales y federales. Alexa Kolbi-Molinas, subdirectora del proyecto de libertad reproductiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, destacó que la interpretación de Idaho convertiría a las personas embarazadas en ciudadanos de segunda clase en las salas de emergencia, una discriminación que EMTALA fue diseñada específicamente para prevenir.
A medida que el caso avanza hacia los argumentos orales, programados para el 24 de abril, el país observa atentamente, reconociendo que la decisión del Tribunal Supremo no solo afectará a Idaho, sino que también podría establecer un precedente para cómo se interpretan y aplican los derechos y protecciones de las personas embarazadas bajo la ley federal en el futuro.
