Según reporta Europa Press, el Gobierno de España está abordando una factura pendiente que asciende a 18.323 millones de euros, correspondiente a once contratos de armamento aún en vigor. Estos acuerdos, algunos de los cuales fueron firmados hace más de una década, destacan por su importancia estratégica y por el elevado monto aún pendiente de pago. Este compromiso financiero es adicional a los recientes 1.130 millones de euros destinados a la adquisición de nuevo material militar, aprobados por el Consejo de Ministros en abril, lo cual ha generado controversias dentro del Ejecutivo.
Los contratos vigentes incluyen compromisos con empresas destacadas como Santa Bárbara, Navantia y Airbus, sumando un valor global de 22.230 millones de euros, de los cuales se han saldado hasta ahora 3.906 millones. Entre los acuerdos más significativos se encuentra la adquisición de vehículos de combate de infantería y caballería, sistemas de combate y submarinos, además de la construcción de nuevas fragatas y otros equipos marítimos y aéreos.
En detalle, el Gobierno ha informado que hasta la fecha se han comprometido importantes sumas en proyectos diversos: 833 millones de euros en vehículos Pizarro y Castor, 1.970 millones en vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) y 2.520 millones en vehículos de combate sobre ruedas VCR 8×8. Adicionalmente, se destaca la inversión en el submarino S-80 y las fragatas F-110 por parte de Navantia, con contratos que ascienden a varios miles de millones de euros, que serán pagados en plazos extendidos hasta 2032.
La inversión en medios aéreos no se queda atrás, con la adquisición de 20 aviones de combate EF-2000 y varios sistemas de patrulla marítima y vigilancia por un total de casi 4.332 millones de euros. También se ha mencionado la futura sustitución de los satélites SPAINSAT y XTAR-EUR, con un contrato de 1.397 millones de euros.
Este panorama financiero y contractual refleja la decisión del Gobierno de incrementar la inversión en defensa, considerada esencial en el contexto internacional actual para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y apoyar los objetivos de seguridad nacional y disuasión, a pesar de las críticas y tensiones políticas que esto ha suscitado.
