WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado nuevos cambios en el proceso de imposición de multas a inmigrantes indocumentados, eliminando requisitos anteriores y acelerando el procedimiento, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Entre las principales modificaciones destaca la eliminación del plazo de 30 días que antes era necesario para notificar la intención de multar, lo que permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitir sanciones de forma más rápida, incluso por correo postal. El DHS confirmó que más de 10.000 avisos de multa han sido emitidos desde el 13 de junio de 2025.
¿A quiénes se aplica?
Las nuevas multas están dirigidas a personas que:
- Entraron ilegalmente a Estados Unidos.
- Tienen órdenes de deportación vigentes y no las han cumplido.
- No respetaron los términos de salida voluntaria ordenados por jueces de inmigración.
¿De cuánto pueden ser las sanciones?
- $100 a $500 por cada intento de entrada ilegal.
- $1,992 a $9,970 por incumplir una orden de salida voluntaria.
- Hasta $998 por día por no obedecer una orden final de deportación.
Una de las sanciones más impactantes reportadas fue la de una mujer hondureña residente en Florida, quien recibió una multa de $1.8 millones. Según su testimonio, nunca recibió notificación previa de deportación desde que ingresó al país en 2005. “Ni trabajando toda mi vida podría pagar eso”, declaró la afectada a medios locales.
Incentivo a la salida voluntaria
El gobierno reiteró que aquellos migrantes que opten por salir voluntariamente usando la aplicación CBP Home podrán ser eximidos de las multas o sanciones civiles. Esta medida busca reducir la presión sobre los centros de detención y aumentar las deportaciones de manera “ordenada”.
Un cambio legal con base antigua
Aunque la autoridad legal para imponer estas multas existe desde 1956 y fue reforzada en 1996, su uso sistemático comenzó durante el primer mandato de Trump y ha sido reinstalado con fuerza en su segundo período. La nueva directriz limita la capacidad de apelar y reduce los tiempos procesales, lo que genera preocupación entre defensores de los derechos migratorios.
Abogados y activistas han advertido que estas prácticas podrían violar el debido proceso, especialmente cuando los migrantes no han recibido notificaciones previas o no comprenden el sistema legal.
Nota: Con Información de Telemundo 51.
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