Con la entrada en vigor el pasado 1.º de enero de la actualización de la política para la comercialización de vehículos en Cuba, se ha establecido un nuevo mecanismo de recaudación en divisas destinado al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público. Este instrumento, según las autoridades, permitirá canalizar parte de los ingresos generados por la venta de automóviles hacia la compra de piezas, insumos y medios que ayuden a aliviar las carencias estructurales del sistema de transporte.
El ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, ha informado que gracias a esta medida ya se han podido adquirir neumáticos, baterías, lubricantes, partes de repuesto y elementos esenciales para mantener en funcionamiento el grupo electrógeno del túnel de la bahía de La Habana. Asimismo, se han iniciado los pagos para 150 triciclos eléctricos que se distribuirán en varias provincias, y se desarrollan proyectos para la adquisición de 10.000 bicicletas, ecomóviles, carros fúnebres, chapas de vehículos y hasta un catamarán para la conexión marítima entre Batabanó y Nueva Gerona.
Aunque estos anuncios pueden interpretarse como una señal de voluntad para invertir en el transporte público, lo cierto es que las necesidades acumuladas durante décadas en este sector superan con creces las posibilidades de este fondo. La situación actual del transporte colectivo en Cuba continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, marcada por la escasez crónica de ómnibus, la frecuencia inestable de los servicios y la falta de opciones asequibles en muchas zonas del país, especialmente en municipios rurales y zonas montañosas.
La apuesta por destinar divisas captadas en el sector automotor es un paso comprensible, pero limitado. Como reconocen las propias autoridades, se trata de compras aún modestas y sujetas a la disponibilidad financiera, lo que deja en evidencia que no se trata de una solución estructural. El acceso al transporte colectivo sigue siendo desigual y en muchas ocasiones impredecible, afectando a trabajadores, estudiantes, pacientes y ciudadanos que dependen de este servicio para sus actividades cotidianas.
Además, la dependencia de tecnologías obsoletas, la falta de mantenimiento, la inestabilidad en el suministro de combustible y la escasez de piezas de repuesto continúan siendo barreras persistentes para una mejora sustantiva. La experiencia de años anteriores demuestra que, sin una planificación más integral, inversiones estables y mecanismos eficaces de control y sostenibilidad, el sistema no logrará superar su estado crítico.
El fondo, aunque representa una iniciativa positiva, no sustituye la necesidad de políticas de mayor alcance que contemplen no solo la adquisición, sino la gestión eficiente y la descentralización de decisiones logísticas en materia de transporte. La implementación de soluciones locales, el fortalecimiento de alianzas técnicas y la incorporación progresiva de vehículos eléctricos podrían jugar un papel más significativo si se acompañan de una visión a largo plazo.
La ciudadanía, mientras tanto, espera más que anuncios: espera soluciones reales, visibles y sostenibles en el tiempo. Porque el transporte público en Cuba no es solo una cuestión de movilidad, sino también de dignidad, igualdad y calidad de vida.
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