Washington D.C. – La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organismo encargado de la administración de la ayuda exterior, se encuentra en el centro de una creciente controversia a raíz de revelaciones sobre el destino de millonarias sumas durante la administración Biden-Harris. Una serie de asignaciones financieras han levantado interrogantes y críticas acerca de la pertinencia y eficacia de algunos proyectos financiados con dinero del contribuyente estadounidense.
Entre los ejemplos que han desatado mayor revuelo, destaca el desembolso de 43 millones de dólares en una gasolinera en Afganistán, proyecto cuyos detalles y justificación no han sido completamente clarificados. A esta partida se suman otros gastos cuestionables, como 1,5 millones de dólares destinados a promover los derechos LGBT en Jamaica, 4 millones para iniciativas trans en Serbia, 5,5 millones para derechos homosexuales en Uganda, y la notable cantidad de 17 millones para fomentar la «inclusión» en Vietnam. La lista continúa con 25 millones dirigidos al «transporte ecológico» en Georgia, 1 millón para fotógrafos árabes y judíos, 8 millones para instruir a periodistas de Sri Lanka en el uso de un lenguaje que evite el «género binario», y una alarmante suma de 122 millones que, según informes, habrían terminado en manos de organizaciones catalogadas como terroristas.
La naturaleza de estos proyectos, así como las elevadas cantidades involucradas, han generado un intenso debate sobre las prioridades de la ayuda exterior de Estados Unidos y la supervisión de los fondos públicos. Críticos señalan que algunas de estas inversiones parecen alejarse de los objetivos tradicionales de la USAID, como la asistencia humanitaria, el desarrollo económico o la promoción de la salud global. Se cuestiona si proyectos como la promoción LGBT en países con contextos sociales y culturales complejos, o la financiación de «transporte ecológico» en naciones con necesidades más urgentes, representan el uso más eficaz de los recursos limitados.
El escándalo ha tomado un giro aún más sombrío ante la denuncia de que millones de dólares habrían sido desviados hacia grupos terroristas. Esta acusación, de confirmarse, plantearía graves interrogantes sobre los mecanismos de control y vigilancia de la USAID, y podría tener consecuencias políticas y legales de gran calado.
La polémica en torno a estos gastos de la USAID se produce en un momento de creciente preocupación por el déficit presupuestario y la deuda nacional en Estados Unidos. La opinión pública se muestra cada vez más sensible ante la percepción de un gasto público despilfarrador o ineficaz, especialmente cuando se trata de ayuda a países extranjeros. Se anticipa que el Congreso y diversos organismos de control intensificarán la supervisión de la USAID, y no se descarta la apertura de investigaciones para esclarecer el destino final de estos fondos y determinar si se han cometido irregularidades o malversación. El debate sobre el rol y la efectividad de la ayuda exterior estadounidense promete reabrirse con fuerza en los próximos meses.
