La legislatura de Florida ha aprobado una serie de leyes diseñadas para proteger a los propietarios de viviendas de prácticas corruptas y abusivas por parte de las asociaciones de propietarios. Este paquete legislativo, ya firmado por el gobernador Ron DeSantis, incluye medidas significativas para aumentar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de condominios y otras asociaciones comunitarias.
Entre las nuevas leyes destacadas se encuentra la denominada «Mi Condominio Seguro» o HB 1029, que proporciona fondos para fortalecer las estructuras de los condominios y aliviar los altos costos de los daños provocados por huracanes, con el objetivo de reducir las primas de seguros. Además, esta legislación exige mayor transparencia a las juntas directivas de las asociaciones y establece penas específicas para delitos como el soborno y la violación de las normas electorales, aún pendientes de la firma final del gobernador.
La senadora estatal republicana Ileana García, impulsora de dos de estas leyes, enfatizó la necesidad de estas regulaciones para permitir acciones legales efectivas contra las infracciones. La ley HB 1021 para asociaciones comunitarias, por ejemplo, impone la obligación de completa transparencia por parte de las juntas directivas, con consecuencias legales claras para el incumplimiento.
Además de estas medidas, la legislación incluye asignaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento: $14 millones adicionales para el Departamento de Regulación de Florida, $500,000 para la Fiscalía Estatal para apoyar las investigaciones, $350,000 para la Asociación de Abogados CABA en Miami Dade, y $250,000 para el Fondo de Defensa Legal de Broward, destinados a ayudar a los propietarios que necesitan asistencia legal.
Otra ley relevante, HB1203, requiere educación y entrenamiento para los miembros de las juntas directivas de asociaciones, asegurando que cumplan con sus obligaciones de manera efectiva y ética. Estas leyes representan un esfuerzo significativo por parte del estado de Florida para mejorar la gobernanza en las comunidades residenciales y asegurar que los derechos de los propietarios sean protegidos de manera justa y transparente.
