En un movimiento audaz destinado a abordar el problema creciente de la ocupación ilegal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado la ley HB 621, una medida que promete agilizar el proceso de desalojo de ocupantes ilegales y proteger a los propietarios de viviendas. La nueva legislación, presentada como una solución efectiva a los retos que enfrentan los propietarios, contrasta marcadamente con la situación en España, donde la ocupación ilegal se ha convertido en un problema casi epidémico, plagado de complejidades legales y sociales.
La oficina del gobernador subrayó que, gracias a esta ley, será «rápido y sencillo recuperar su casa de los ocupantes ilegales», eliminando las «costosas demoras, litigios y alquileres atrasados» que comúnmente frustran a los propietarios en Florida. Al aumentar las sanciones contra quienes ocupan viviendas sin autorización y contra quienes promueven esta práctica, Florida se posiciona firmemente a favor de los derechos de propiedad.
Durante una conferencia de prensa en Orlando, DeSantis enfatizó el compromiso del estado con la protección de los propietarios, contrastando la política de Florida con la de otros estados que, según él, se inclinan más hacia los derechos de los ocupantes ilegales. «Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida», afirmó el gobernador, subrayando la determinación del estado de castigar a aquellos que intentan burlar el sistema.
La ley HB 621 establece un marco legal claro para el desalojo inmediato de ocupantes ilegales bajo ciertas condiciones, incluida la entrada ilegal y la permanencia en la propiedad sin consentimiento del propietario. Este proceso directo marca un cambio significativo respecto a las normativas más complejas y lentas de otras jurisdicciones.
Comparativamente, España enfrenta un dilema considerable con la ocupación ilegal, un fenómeno alimentado por la crisis de vivienda y las lagunas legales que a menudo dejan a los propietarios impotentes frente a ocupantes que se aprovechan de estas brechas. A diferencia de la rápida respuesta legislada por Florida, los propietarios españoles pueden encontrarse atrapados en un laberinto de procedimientos legales, buscando desalojar a los ocupantes ilegales durante meses o incluso años.
La fiscal general Ashley Moody celebró la medida, afirmando que Florida lidera una vez más en la protección contra la ocupación ilegal, un problema que ha generado debates intensos en comunidades alrededor del mundo.
La ley HB 621, que entrará en vigor el 1° de julio de 2024, no solo refleja un esfuerzo por resolver un problema inmediato en Florida, sino que también ofrece un punto de comparación interesante con la situación en España, subrayando la diversidad de enfoques y desafíos en la lucha contra la ocupación ilegal a nivel global. Este paso legislativo podría inspirar a otros estados y países a buscar soluciones más efectivas y rápidas para proteger el derecho a la propiedad y combatir el fenómeno de la ocupación ilegal.
