La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha expresado su «disconformidad y perplejidad» ante la citación emitida por el Tribunal Supremo, que llama al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a declarar como imputado el próximo 29 de enero. La causa en cuestión lo investiga por la presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según un comunicado difundido por la UPF en la red social X, esta decisión judicial representa una «criminalización del funcionamiento normal de la Institución del Ministerio Fiscal». El texto destaca que los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, fundamentales para el Ministerio Fiscal, están protegidos por la Constitución en su artículo 124.
Los fiscales progresistas califican la resolución judicial como «altamente discutible», argumentando que desconoce las normas esenciales que rigen el trabajo del Ministerio Fiscal. Además, consideran que la decisión representa un «ataque directo» a la institución y a sus mecanismos internos basados en los principios de jerarquía y unidad de actuación.
El comunicado enfatiza que la obligación de informar a García Ortiz sobre asuntos relevantes no es una opción, sino un mandato para los fiscales jefes, con el objetivo de garantizar la cohesión en el desempeño de sus funciones.
En relación con los hechos que sustentan la investigación contra Pilar Rodríguez, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, la UPF argumenta que el procedimiento pone en duda la práctica de informar al superior jerárquico, considerándola ahora como un posible indicio de delito.
Por último, la UPF subraya la ausencia de indicios sólidos de criminalidad contra los implicados y afirma que existen pruebas claras que justificarían el archivo inmediato del procedimiento en curso.
