El fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una contundente advertencia a la Comisión de la Ciudad de Miami, instándola a frenar una propuesta de ordenanza que pretende modificar la fecha de las elecciones municipales y extender los mandatos de los funcionarios electos sin la aprobación directa de los votantes.
En una carta fechada el 25 de junio de 2025 y dirigida al alcalde Francis Suárez, Uthmeier subrayó que tal iniciativa viola la Constitución de Florida y la Carta del Condado de Miami-Dade, específicamente una disposición que exige la realización de un referendo ciudadano para efectuar cambios de este tipo.
“Intentar eludir ese requisito mediante un voto exclusivo de la Comisión de la Ciudad de Miami contraviene los términos legales vigentes y sería inválido”, afirmó Uthmeier.
El pronunciamiento del fiscal general se produce en vísperas de la votación final que debe celebrarse este jueves 26 de junio, donde la Comisión decidirá si ratifica en segunda lectura la ordenanza ya aprobada preliminarmente la semana anterior.
Una decisión en disputa
La medida, promovida por el comisionado Damian Pardo, propone trasladar las elecciones municipales de noviembre de 2025 a noviembre de 2026, con el argumento de que alinear el calendario electoral con los años pares —coincidiendo con elecciones estatales y federales— aumentaría la participación ciudadana, que actualmente ronda el 10%, y podría elevarse hasta un 60%.
Sin embargo, Uthmeier ha sido enfático en su rechazo, desestimando incluso la validez del caso Medina v. City of North Miami, citado por la asesoría legal municipal como precedente. Según el fiscal, dicho fallo está apelado y no tiene fuerza legal definitiva, por lo que no puede usarse como sustento jurídico.
Además, recordó que el condado de Miami-Dade tiene disposiciones constitucionales específicas que obligan a someter cambios electorales a consulta popular. Ignorar esa norma, sostuvo, representa un “peligro para la confianza ciudadana y para el estado de derecho”.
“Los ciudadanos de Miami-Dade, muchos de los cuales son cubanoamericanos y venezolanos que huyeron de sistemas donde sus derechos como votantes fueron ignorados, merecen participar en decisiones fundamentales sobre su representación”, agregó Uthmeier.
Posibles consecuencias legales
El fiscal advirtió que, si la Comisión de Miami insiste en avanzar con la medida sin referendo, su oficina se reserva el derecho de emprender acciones legales para frenar lo que considera una violación constitucional.
La tensión entre los intereses de reforma electoral y el respeto a las normas constitucionales ha colocado a la ciudad en un dilema institucional. Mientras algunos comisionados argumentan que el aplazamiento aumentaría la legitimidad democrática, el fiscal general ve en ello un peligroso precedente de erosión institucional.
La decisión de este jueves será clave: la Comisión de Miami deberá optar entre avanzar con la propuesta —asumiendo el riesgo de un litigio estatal— o dar marcha atrás y convocar a la ciudadanía para que sea quien decida en las urnas.
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