El exlegislador republicano David Rivera fue declarado culpable el 1 de mayo de 2026 por un jurado federal en Miami de actuar como agente extranjero no registrado y conspirar para lavar dinero, en un caso vinculado a gestiones encubiertas en favor del gobierno de Nicolás Maduro.
El veredicto cierra un proceso judicial que expuso un esquema de cabildeo oculto valorado en cerca de 50 millones de dólares, mediante el cual Rivera habría intentado influir en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela durante la administración de Donald Trump, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que el excongresista utilizó canales financieros opacos, contratos encubiertos y contactos políticos de alto nivel para promover intereses extranjeros dentro de Washington. Entre los elementos más sensibles del caso figura su presunta cercanía con figuras influyentes como el senador Marco Rubio, lo que habría sido utilizado como vía indirecta de presión política.
El tribunal determinó que las acciones de Rivera constituyeron un intento deliberado de manipular decisiones del gobierno estadounidense, ocultando el origen extranjero de los intereses que representaba. Para la fiscalía, el caso refleja un patrón claro de corrupción política y uso indebido de influencia institucional.
Tras conocerse el fallo, Rivera fue puesto bajo custodia inmediata al ser considerado riesgo de fuga, y ahora enfrenta una posible condena de varios años de prisión, cuya sentencia será definida en los próximos meses.
El caso reabre el debate sobre la penetración de intereses extranjeros en la política estadounidense, especialmente en un estado como Florida, donde el tema Venezuela tiene un peso significativo en el discurso político. Más allá de la figura individual, el proceso deja en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control del cabildeo y plantea interrogantes sobre cuántas operaciones similares podrían permanecer aún fuera del escrutinio público.
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