El excongresista de Florida David Rivera enfrenta acusaciones por parte de un gran jurado federal en Estados Unidos por presuntamente participar en una trama para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y blanquear fondos con el objetivo de ayudar al empresario venezolano prófugo Raúl Gorrín, quien se encuentra sancionado y con cargos criminales en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera implementó un esquema para brindar servicios de consultoría y cabildeo a Gorrín, sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y vinculado con actividades de corrupción. Durante ese tiempo, Rivera habría recibido más de 5 millones de dólares por sus esfuerzos para influir en funcionarios del gobierno estadounidense, mientras ocultaba los verdaderos orígenes y fines de los fondos.
Vínculos con Raúl Gorrín y Empresas Fantasma
Gorrín, propietario del canal venezolano Globovisión, fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2019 por presuntos actos de corrupción vinculados a la estatal venezolana PDVSA. Según las investigaciones, Rivera habría intentado utilizar su influencia para que Gorrín fuera removido de esta lista mediante presiones a funcionarios del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, cuyos nombres no han sido revelados por la Fiscalía.
Para encubrir sus actividades, el excongresista creó una serie de empresas fantasma que simulaban ser legítimas, utilizando nombres asociados a un bufete de abogados y a un funcionario gubernamental. La Fiscalía ha asegurado que ni el bufete ni el funcionario tenían conocimiento de que sus nombres estaban siendo usados en esta trama. Rivera habría utilizado estas entidades fraudulentas para canalizar pagos a personas que colaboraron en sus esfuerzos de cabildeo y para blanquear los fondos recibidos.
Un Escándalo con Raíces en Venezuela
En octubre pasado, Gorrín fue acusado de haber lavado más de 1,2 millones de dólares provenientes de PDVSA, obtenidos a través de sobornos a funcionarios venezolanos. Esta acusación se suma a los cargos que ya enfrentaba desde 2017, entre los que se incluyen conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y múltiples cargos por lavado de dinero.
El caso de David Rivera pone de manifiesto la interconexión entre la corrupción internacional y las redes de influencia política, y abre interrogantes sobre los mecanismos que podrían estar facilitando este tipo de actividades ilícitas en Estados Unidos. La Fiscalía continúa investigando la magnitud de la trama, mientras que el excongresista podría enfrentar severas sanciones si se comprueba su culpabilidad en este escándalo que trasciende fronteras.
