Washington — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)anunció este viernes la eliminación total de los programas de parole de reunificación familiar (FRP) que beneficiaban a ciudadanos de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, una decisión que representa un cambio significativo en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y que tendrá un impacto directo en miles de familias.
Según informó el DHS en un comunicado oficial, la medida será publicada este lunes en el Registro Federal y tiene como objetivo, en palabras de la agencia, “poner fin al abuso del parole humanitario”. El departamento sostiene que estos programas permitían la entrada de personas con verificaciones insuficientes y que, en la práctica, se habían convertido en un mecanismo para eludir los procesos migratorios tradicionales establecidos por el Congreso.
El parole de reunificación familiar fue creado para acelerar la llegada a Estados Unidos de familiares directos de ciudadanos y residentes permanentes legales que ya contaban con peticiones aprobadas, pero que debían esperar largos períodos para obtener una visa. Durante años, este mecanismo fue utilizado de manera amplia, especialmente por familias cubanas y centroamericanas, como una vía legal y relativamente segura para emigrar.
En su declaración, el DHS afirmó que el parole “nunca fue concebido para operar como un programa generalizado” y que la eliminación del FRP responde a un retorno a evaluaciones caso por caso, en línea con lo que la agencia describe como una política migratoria orientada a la seguridad nacional y al principio de America First. El gobierno argumenta que las supuestas brechas del programa podían ser explotadas y representaban riesgos que considera inaceptables.
La decisión incluye disposiciones específicas para quienes ya se encuentran en Estados Unidos bajo el FRP. De acuerdo con el aviso publicado por el DHS, el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el parole de todas las personas admitidas bajo estos programas, salvo aquellas que presenten un Formulario I-485 (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025 y cuyo trámite continúe pendiente en la fecha de expiración.
El documento aclara que, si el ajuste de estatus fue debidamente presentado, el parole se mantendrá vigente hasta que exista una decisión final o hasta que expire el período autorizado, lo que ocurra primero. En caso de que la solicitud sea denegada, el parole será cancelado de inmediato y la persona deberá abandonar el país sin demora.
Con la terminación del parole, el permiso de trabajo asociado también será revocado. El DHS indicó que notificará de forma individual a cada beneficiario sobre la cancelación tanto del estatus migratorio temporal como de la autorización laboral. Aquellas personas que no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos deberán salir del país antes del 14 de enero de 2026.
El gobierno instó además a los migrantes afectados a reportar su salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home, un sistema a través del cual se ofrecen incentivos como asistencia económica limitada, ayuda con documentos de viaje y la posible condonación de multas civiles para quienes cumplan determinados requisitos.
El cierre de los programas FRP supone la desaparición de una de las principales vías de reunificación familiarutilizadas durante casi dos décadas por ciudadanos de varios países de América Latina y el Caribe. Organizaciones de apoyo a migrantes advierten que miles de solicitudes pendientes quedarán sin efecto y que muchas familias deberán actuar con rapidez para evitar quedar en una situación migratoria irregular.
La medida se inscribe en una reconfiguración más amplia de la política migratoria estadounidense bajo la actual administración, que ha incluido el endurecimiento de controles, la revisión de programas humanitarios y un mayor énfasis en la aplicación estricta de la ley migratoria. El impacto real de esta decisión se irá definiendo en los próximos meses, a medida que los afectados evalúen sus opciones legales y los tribunales respondan a posibles impugnaciones.
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