El gobierno de Estados Unidos anunció este 25 de febrero de 2025 una nueva normativa que obliga a todos los extranjeros en el país a registrarse, bajo pena de enfrentar sanciones civiles y penales. Esta medida se deriva de la orden ejecutiva “Protegiendo al Pueblo Americano contra la Invasión”, firmada por el presidente Donald Trump, y tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de cerrar los vacíos legales que han persistido en el sistema migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmaron que la normativa se aplicará de forma inmediata y afectará a diversos grupos de extranjeros. Entre ellos, se incluyen los mayores de 14 años que no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares al solicitar su visa, así como los padres o tutores de menores de 14 años que se encuentren en la misma situación. Además, los extranjeros que cumplan 14 años mientras residen en el país deberán registrarse dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños.
El DHS advirtió que aquellos que no cumplan con esta disposición se convertirán en una prioridad para las autoridades migratorias. “Esta política busca garantizar la seguridad nacional y proteger las fronteras mediante el fortalecimiento del sistema de registro de extranjeros”, señaló un portavoz del Departamento.
La implementación de esta medida ha generado un amplio debate sobre su impacto en las comunidades migrantes. Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las posibles repercusiones en la privacidad y la movilidad de los inmigrantes. “Obligar al registro de todos los extranjeros, especialmente bajo la amenaza de sanciones, podría generar un ambiente de temor e incertidumbre en las comunidades vulnerables”, advirtió un representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Por otro lado, el gobierno sostiene que el registro obligatorio es esencial para reforzar la seguridad nacional. Según explicaron las autoridades, el control más estricto sobre la población extranjera permitirá identificar de manera más efectiva a individuos que representen riesgos potenciales, al tiempo que mejorará la gestión de la inmigración legal.
El sistema de registro se realizará a través de plataformas digitales habilitadas por el USCIS, así como en oficinas de inmigración distribuidas por todo el país. Los extranjeros deberán proporcionar información biométrica y de identificación, lo que plantea interrogantes sobre la protección de estos datos sensibles. Expertos en privacidad digital han advertido sobre los riesgos asociados al manejo de grandes bases de datos biométricos y han llamado a la implementación de salvaguardas robustas para evitar filtraciones o usos indebidos.
La medida se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, impulsadas por el gobierno estadounidense bajo el argumento de fortalecer la seguridad fronteriza. Aunque el objetivo declarado es cerrar vacíos legales, críticos sostienen que la medida podría tener consecuencias imprevistas, como la reticencia de los inmigrantes a interactuar con instituciones gubernamentales, lo que a su vez podría afectar el acceso a servicios esenciales.
Con esta nueva disposición, el futuro de la política migratoria en Estados Unidos se enfrenta a un momento clave. La efectividad de la medida dependerá no solo de su implementación técnica, sino también de su aceptación por parte de las comunidades migrantes y de las posibles revisiones legales que puedan presentarse en tribunales.
