Washington, D.C. – En una medida calificada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como «histórica», el gobierno estadounidense ha oficializado la prohibición total del uso del amianto, un material largamente vinculado con el desarrollo de enfermedades cancerígenas. Esta decisión marca un punto de inflexión significativo en la regulación de sustancias peligrosas, poniendo fin a décadas de críticas sobre las protecciones insuficientes contra este conocido carcinógeno.
Michael S. Regan, administrador de la EPA, afirmó que la prohibición es un «gran hito» para la salud pública de la nación. «Los estudios son inequívocos: el amianto es un carcinógeno comprobado que representa una amenaza seria para la salud pública», señaló Regan. La administración de Joe Biden ha sido clara en su compromiso de abordar esta problemática que ha afectado la vida de innumerables individuos a lo largo de generaciones.
La nueva regulación se centra específicamente en las fibras de crisotilo, la última forma de amianto que se permitía importar y usar dentro del territorio estadounidense, principalmente en componentes de automóviles como frenos, revestimientos y juntas. A pesar de que el uso del amianto ha disminuido considerablemente en los Estados Unidos en años recientes, la EPA reconoce más de 40,000 muertes atribuibles directamente a la exposición a este material. Entre las enfermedades relacionadas se encuentran el cáncer de pulmón, mesotelioma, y cánceres de ovario y laringe.
La prohibición del amianto en Estados Unidos se alinea con las medidas ya adoptadas por la mayoría de los países europeos, así como por naciones de otros continentes como Chile, Argentina, Argelia, Turquía, Australia, Sudáfrica, Egipto y Arabia Saudí. Sin embargo, importantes economías globales como China, India, Canadá y Rusia continúan permitiendo su uso.
Este paso adelante por parte de Estados Unidos se espera que ejerza presión sobre otras naciones para que reconsideren sus políticas respecto al amianto y tomen acciones similares para proteger la salud pública de sus ciudadanos. La decisión de la EPA es vista como un triunfo para los defensores del medio ambiente y la salud pública, quienes han luchado durante décadas por una regulación más estricta en torno al uso de sustancias peligrosas.
