La administración del presidente Donald Trump amplió su estrategia migratoria con la firma de nuevos acuerdos de cooperación con Honduras y Uganda, destinados a recibir migrantes deportados desde territorio estadounidense.
El convenio con Uganda establece que el país africano podrá aceptar a migrantes provenientes de diversas regiones de África y Asia que hayan solicitado asilo en la frontera sur de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales. No se ha precisado la cifra exacta de personas que serían trasladadas, pero se confirma que el programa ya cuenta con un marco regulatorio para su implementación.
En el caso de Honduras, el acuerdo contempla la recepción de varios cientos de migrantes procedentes de países hispanohablantes, incluidos grupos familiares con niños. Este mecanismo tendría una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga según la evolución de las negociaciones bilaterales.
Una política más amplia
Los acuerdos forman parte de una red más extensa de convenios de Estados Unidos con terceros países. Según reportes de prensa, al menos una docena de naciones han aceptado colaborar en la reubicación de migrantes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Entre ellas se encuentran Panamá, Costa Rica y Rwanda, mientras que continúan conversaciones con otros gobiernos, entre ellos España y Ecuador.
La política, respaldada por una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en junio, ha sido descrita por funcionarios como una herramienta clave para reducir la presión en la frontera sur y frenar el flujo de migrantes que buscan ingresar al país.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales han cuestionado estos acuerdos, advirtiendo que algunos de los países receptores presentan condiciones políticas o de seguridad inestables, lo que podría poner en riesgo a las personas deportadas. A pesar de ello, la administración estadounidense ha defendido la medida como necesaria para garantizar el control fronterizo y la seguridad nacional.
Casos recientes de deportación de cubanos
En mayo de 2025, un grupo de ocho migrantes con antecedentes penales graves fue trasladado a Sudán del Sur después de permanecer retenido en una base militar en Yibuti. Entre ellos se encontraban los ciudadanos cubanos Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones, condenados por delitos como homicidio, robo a mano armada y suplantación de identidad.
De forma similar, en julio de 2025 el cubano Roberto Mosquera Del Peral, con historial criminal, fue deportado a Esuatini (antiguo Suazilandia), junto con migrantes de otras nacionalidades. Estos casos ilustran cómo Estados Unidos está utilizando acuerdos con terceros países, incluso fuera del continente americano, para reubicar a personas con antecedentes delictivos.
#EEUU #Migración #Honduras #Uganda #Cuba #Deportaciones #CubaHerald
