El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta que podría modificar de forma sustancial el sistema migratorio al plantear la suspensión o eliminación de permisos de trabajo para solicitantes de asilo mientras sus expedientes permanezcan en trámite. La iniciativa busca, según las autoridades, reducir solicitudes consideradas infundadas y aliviar la presión administrativa que enfrenta el sistema.
De acuerdo con el planteamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las solicitudes de autorización laboral quedarían en pausa cuando el tiempo de procesamiento de los casos de asilo no supere los 180 días. Funcionarios estadounidenses sostienen que permitir empleo durante la espera ha incentivado, en algunos casos, peticiones sin base sólida, lo que habría contribuido al aumento del retraso en la tramitación.
Datos oficiales indican que existen actualmente más de 1,4 millones de solicitudes de asilo pendientes, una cifra que refleja la complejidad operativa del sistema migratorio y el creciente volumen de expedientes acumulados. Desde el DHS se argumenta que la reforma permitiría concentrar recursos en la evaluación de casos considerados legítimos y fortalecer los controles administrativos.
La propuesta se inserta en una línea de política migratoria más restrictiva orientada a reforzar verificaciones de antecedentes, agilizar procesos y limitar lo que el gobierno describe como uso indebido del sistema para acceder al mercado laboral estadounidense. Autoridades federales sostienen que la medida ayudaría a preservar la integridad del sistema de protección internacional.
No obstante, expertos en derecho migratorio y organizaciones defensoras de migrantes advierten que la eventual suspensión de permisos laborales podría generar consecuencias sociales relevantes. Entre ellas destacan la posible vulnerabilidad económica de solicitantes, mayor exposición al empleo informal y dificultades de integración durante los prolongados procesos de resolución.
El proyecto deberá publicarse en el Registro Federal para abrir un período de comentarios públicos antes de su eventual aprobación definitiva o modificación. Este paso permitirá la participación de organizaciones civiles, especialistas jurídicos y ciudadanos interesados en el impacto de la normativa.
La evolución de esta propuesta resulta especialmente relevante para comunidades migrantes latinoamericanas y caribeñas, para quienes el acceso al trabajo durante el proceso de asilo suele ser un factor clave de estabilidad. El debate evidencia un desafío persistente en la política migratoria estadounidense: equilibrar control fronterizo, protección humanitaria y capacidad administrativa en un contexto de movilidad internacional creciente.
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