Una encuesta difundida en redes sociales, que superó los cinco millones de visualizaciones en apenas 24 horas, volvió a colocar en el centro del debate una pregunta recurrente en momentos de crisis y expectativas políticas: quién podría presidir Cuba en un eventual escenario de transición. Los resultados, sin embargo, más allá de su impacto mediático, revelan confusiones jurídicas, políticas y sociales que merecen un análisis más profundo.
La consulta planteó una elección directa entre el senador estadounidense Marco Rubio y el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Según los datos publicados, Rubio acumuló 58.541 reacciones, frente a 18.239 de Díaz-Canel. El 60 % de las interacciones se originaron desde Cuba, el 30 % desde Estados Unidos y el 10 % desde otros países como España y México, lo que evidencia un alcance transnacional del debate.
No obstante, la viralidad no equivale a viabilidad política. Desde un punto de vista estrictamente legal, Marco Rubio no puede ser presidente de Cuba, independientemente del respaldo simbólico que pueda recibir en redes sociales. La Constitución cubana establece de forma explícita que el presidente debe ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, además de cumplir otros requisitos institucionales. Rubio, nacido en Estados Unidos y ciudadano estadounidense, queda automáticamente excluido.
El mismo principio se extiende a cubanoamericanos radicados en Miami u otros puntos del exterior. Incluso en un escenario de cambio político profundo, la legislación vigente impide que personas con otra nacionalidad asuman la jefatura del Estado, salvo que se produjera una reforma constitucional previa, un proceso complejo, largo y políticamente sensible.
Más allá del marco jurídico, el debate apunta a un problema de fondo: el perfil del liderazgo inicial en una transición. Analistas y sectores críticos coinciden en que un primer presidente de una Cuba post-crisis difícilmente podría ser una figura polarizante, asociada de manera directa a uno u otro bloque ideológico, al exilio o a potencias extranjeras. La prioridad, sostienen, sería evitar un escenario de confrontación interna, resentimientos acumulados o lecturas de “victoria” y “derrota” que profundicen fracturas sociales.
A ello se suma un factor menos visible, pero determinante: la inercia cultural y mental. Incluso con cambios políticos formales, una parte significativa de la sociedad arrastra lo que algunos describen como una mentalidad perestroica, marcada por décadas de dependencia estatal, desconfianza institucional y resistencia al cambio abrupto. Transformar esa cultura política y cívica tomará años, posiblemente generaciones, más allá de quién ocupe el cargo presidencial.
En ese contexto, la encuesta refleja más un estado de ánimo que una hoja de ruta. Expresa rechazo, cansancio, deseo de ruptura y búsqueda de referentes externos, pero también pone de manifiesto la falta de consenso sobre cómo debería construirse un proceso de transición realista, legal y sostenible.
El debate abierto en redes sociales confirma que la discusión sobre el futuro de Cuba está lejos de cerrarse. Sin embargo, también deja claro que la popularidad digital no sustituye a la legalidad constitucional ni a la complejidad social de un país que, aun en un escenario de cambio, necesitaría un liderazgo inicial neutral, transitorio y orientado a la reconciliación, más que a la revancha o a la imposición de modelos externos.
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