En un reciente reportaje transmitido por la televisión estatal cubana, el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), señaló a la negligencia de conductores y peatones como la principal causa de los accidentes de tránsito en la isla. Sin embargo, el informe oficialista omite aspectos clave que influyen directamente en la alarmante frecuencia de estos siniestros: el deterioro de las carreteras, la falta de señalización, los semáforos apagados debido a los apagones y la precariedad del parque automotor, agravada por la escasez de piezas de repuesto.
Según el reportaje, realizado por el periodista Bernardo Espinosa, las violaciones a la Ley 109 de Seguridad Vial por parte de la ciudadanía son el factor determinante en los accidentes que ocurren a diario en Cuba. En el análisis se enfatizó la falta de atención al conducir como la infracción más frecuente, dejando en un segundo plano las condiciones estructurales y el contexto socioeconómico que hacen de las calles y carreteras cubanas un peligro latente.
El informe gubernamental no hace mención de la crisis energética que ha dejado a muchas intersecciones sin semáforos, de la proliferación de baches y carreteras destruidas por falta de mantenimiento, ni del estado crítico de los vehículos que circulan en el país, donde la falta de piezas obliga a los conductores a improvisar reparaciones que ponen en riesgo la seguridad vial. Tampoco se abordan las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder al transporte público, lo que los obliga a recurrir a medios alternativos muchas veces inseguros.
Los datos oficiales han registrado un aumento significativo en los accidentes de tránsito en los últimos años, con un saldo devastador de víctimas fatales y lesionados. Mientras tanto, las autoridades insisten en responsabilizar exclusivamente a los ciudadanos, eludiendo cualquier autocrítica sobre la falta de inversiones en infraestructura y las dificultades generadas por la crisis económica y energética que atraviesa el país.
Esta narrativa gubernamental, que culpa al pueblo de los problemas estructurales del país, se ha convertido en un patrón recurrente. En lugar de reconocer el colapso del sistema de transporte y la precariedad de las condiciones viales, se opta por trasladar la responsabilidad a quienes, a diario, deben sortear calles en ruinas, transitar por carreteras sin iluminación y viajar en vehículos en condiciones deplorables.
