La Habana — El proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández ha sacudido el panorama político nacional, revelando un entramado de acusaciones que incluye corrupción, tráfico de influencias y espionaje, además de un notable silencio institucional que ha despertado suspicacias entre la población.
Hasta hace poco, Gil era considerado uno de los rostros más visibles de la política económica cubana, cercano a las más altas figuras del gobierno y con participación directa en las principales decisiones del país. Hoy, sin embargo, su nombre aparece asociado a una larga lista de delitos y su entorno político guarda distancia absoluta, sin declaraciones públicas que expliquen el cambio de trato hacia quien fuera, durante años, una de las voces más escuchadas en materia económica.
La rapidez con que su imagen se desvaneció de los medios oficiales recuerda a otros episodios de la historia reciente, donde altos dirigentes pasaron de ocupar cargos de confianza a enfrentar acusaciones graves sin que el país conociera los detalles de las investigaciones ni las responsabilidades compartidas.
Analistas señalan que este caso refleja una dinámica recurrente dentro del poder cubano, en la que las figuras políticas son elevadas a posiciones de influencia y, posteriormente, descartadas cuando pierden respaldo o se convierten en un riesgo para la estabilidad del sistema.
Mientras tanto, el juicio se desarrolla en el Tribunal Militar de Marianao bajo estrictas medidas de seguridad, y el hermetismo oficial mantiene a la opinión pública sin respuestas claras. En redes sociales y espacios independientes, la pregunta que más se repite es una sola:
¿Cómo fue posible que nadie lo advirtiera antes?
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