La designación de Oscar Pérez-Oliva Fraga como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no es un hecho menor dentro de la arquitectura institucional cubana. Con este nombramiento, el actual alto funcionario cumple uno de los requisitos constitucionales indispensables para optar a la Presidencia de la República, consolidando un ascenso que ha sido tan rápido como políticamente significativo.
Pérez-Oliva Fraga, de 54 años, accedió a la Asamblea para cubrir una vacante en el municipio de Marianao, sin mediar un proceso electoral competitivo. Su llegada al órgano legislativo ocurre apenas meses después de haber sido promovido a responsabilidades superiores dentro del Ejecutivo, en una secuencia de nombramientos que refleja la forma en que se redistribuye el poder en Cuba: mediante designaciones internas cuidadosamente controladas.
En el sistema político vigente, donde el Partido Comunista de Cuba (PCC) concentra la capacidad de decisión sobre los principales cargos del Estado, la Asamblea Nacional funciona como el espacio formal que legitima decisiones previamente consensuadas en instancias superiores. En ese contexto, el ingreso de Pérez-Oliva Fraga a la ANPP no amplía la participación ciudadana, pero sí habilita jurídicamente su eventual proyección como jefe de Estado.
El elemento familiar resulta imposible de ignorar. Pérez-Oliva Fraga es nieto de Ángela Castro, hermana menor de Fidel y Raúl Castro, e hijo de Mirsa Fraga Castro, lo que lo vincula directamente con el núcleo histórico del poder político cubano. A ello se suma su parentesco con José Antonio Fraga Castro, expresidente de LABIOFAM, una entidad estratégica dentro del sector biotecnológico.
Este entramado familiar refuerza la percepción de que, lejos de producirse una renovación real de liderazgos, el país continúa girando en torno a un círculo reducido de apellidos con acceso privilegiado a las principales estructuras del Estado y de la economía. La biotecnología y la industria farmacéutica, sectores reiteradamente presentados como salvavidas financieros, han permanecido durante años bajo la influencia de figuras estrechamente conectadas con ese mismo entorno.
El ascenso de Pérez-Oliva Fraga se ha acelerado de forma visible desde 2023, especialmente tras la desaparición de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quien concentraba un poder económico considerable. Desde entonces, el actual dirigente ha acumulado cargos estratégicos: primero como viceministro, luego como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, más tarde como viceprimer ministro, y ahora como diputado nacional.
Sin embargo, el balance de su gestión dista de ser convincente. Bajo su responsabilidad directa han persistido —y en algunos casos se han agravado— problemas estructurales que afectan a la economía cubana. La inversión extranjera continúa en niveles mínimos, los trámites siguen siendo lentos y opacos, y los obstáculos burocráticos desalientan la llegada de capital foráneo en un momento de extrema urgencia financiera.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), uno de los proyectos más ambiciosos del país y presentada durante años como motor de crecimiento, no ha logrado cumplir las expectativas oficiales. A más de una década de su creación, los resultados son limitados, los proyectos se ejecutan con lentitud y el impacto real sobre la economía nacional sigue siendo marginal. Hoy, ese mismo proyecto vuelve a quedar bajo la órbita de un funcionario cuya gestión previa no ha mostrado capacidad de revertir su estancamiento.
Las constantes demoras en la liberación de contenedores, la falta de liquidez, la escasa transparencia normativa y la ausencia de incentivos creíbles para inversionistas extranjeros han contribuido a prolongar la crisis, sin que desde el Ministerio a su cargo se hayan producido reformas sustanciales o señales claras de cambio.
En este escenario, el cumplimiento del requisito constitucional para aspirar a la Presidencia no despeja las interrogantes de fondo. Al contrario, acentúa la preocupación sobre la falta de alternativas reales, la concentración del poder en un mismo entorno familiar y la ausencia de mecanismos que evalúen la eficacia de los dirigentes más allá de su lealtad política.
La posible proyección de Oscar Pérez-Oliva Fraga hacia la jefatura del Estado se produce en un momento de profundo deterioro económico, agotamiento social y creciente desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades cotidianas de la población. Más que un relevo generacional, su ascenso parece confirmar la continuidad de un modelo que ha mostrado serias limitaciones para ofrecer resultados concretos.
En un país urgido de transformaciones estructurales, la acumulación de cargos y el peso del apellido no sustituyen la falta de logros verificables. La gran incógnita no es si cumple los requisitos legales para aspirar a la Presidencia, sino si el sistema político está dispuesto —o es capaz— de exigir rendición de cuentas y resultados a quienes concentran el poder.
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