Un grupo de 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y 23 integrantes de la Mara Salvatrucha han sido enviados desde Estados Unidos a un centro penitenciario en El Salvador. Esta medida se llevó a cabo en virtud de una controvertida ley que permite acelerar la deportación de migrantes indocumentados acusados de pertenecer a grupos terroristas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunciaron la operación a través de redes sociales. Rubio precisó que el total de deportados asciende a 273 personas, de las cuales 238 ya se encuentran en territorio salvadoreño, además de dos líderes y 21 integrantes de la Mara Salvatrucha.
Según Rubio, la transferencia de estos reclusos a El Salvador representa un ahorro para los contribuyentes estadounidenses y destacó el compromiso del gobierno salvadoreño en la lucha contra el crimen organizado. La medida se sustenta en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada recientemente por el expresidente Donald Trump. Esta norma otorga al mandatario amplias facultades para deportar personas si el país enfrenta una amenaza externa o está en guerra.
Trump justificó la decisión señalando que el Tren de Aragua ha sido designado como un «grupo terrorista» en Estados Unidos y que sus integrantes han ingresado ilegalmente al país, representando un peligro para la seguridad nacional.
Bukele confirmó que los deportados han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por un período renovable de un año. Además, indicó que este acuerdo fortalece la seguridad en la región, permite el autosostenimiento del sistema penitenciario salvadoreño y brinda información útil para el combate al crimen organizado.
Sin embargo, la deportación de estos reclusos se llevó a cabo horas antes de que el juez federal James E. Boasberg suspendiera temporalmente la aplicación de esta ley por 14 días. El juez tomó la decisión tras una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de derechos humanos como Democracy Forward y la Unión Americana por las Libertades Civiles.
A pesar de la orden judicial, las expulsiones ya habían sido ejecutadas, como sugirió Bukele en una publicación en la red social X con el mensaje: «Ooops, demasiado tarde». Hasta el momento, las organizaciones demandantes no han emitido declaraciones sobre la deportación.
