El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra Cuba, dirigida contra tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve entidades estatales relacionadas con sectores estratégicos de la economía de la isla.
Entre los sancionados figura Fernando González Llort, presidente del ICAP, quien integró el grupo de agentes cubanos arrestados en Estados Unidos a finales de la década de 1990 y cumplió una condena federal por su participación en la denominada Red Avispa.
También fueron incluidas Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández, ambas vinculadas a la dirección del ICAP.
La medida alcanza además a Acinox Comercial, ACOREC, CORATUR, Transimport, Consumimport, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, MetalCuba, GEOMINSAL y el Ministerio de la Construcción (MICONS).
Washington acusa al ICAP de participar en actividades de influencia política dentro de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la organización ha utilizado intercambios educativos y culturales para construir lo que describió como una red destinada a identificar, captar y radicalizar simpatizantes de La Habana. Esa acusación corresponde a la posición oficial del Gobierno estadounidense.
Rubio aseguró además que las autoridades cubanas intentaron aprovechar recientemente las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro para movilizar simpatizantes estadounidenses y facilitar contactos con funcionarios cubanos.
Tras anunciar las sanciones, el jefe de la diplomacia estadounidense lanzó también una advertencia a empresas e instituciones financieras que mantengan relaciones con los actores designados.
“Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, señaló Rubio, quien pidió a bancos extranjeros y otras compañías revisar sus vínculos con las entidades afectadas.
Las nuevas designaciones también apuntan directamente a compañías relacionadas con los sectores metalúrgico, minero, comercial y de la construcción, ampliando la presión económica de Washington sobre estructuras empresariales controladas por el Estado cubano. Reuters confirmó que las medidas afectan a nueve entidades y tres individuos y forman parte de la política de sanciones ampliada por la Administración Trump.
La decisión representa otro escalón en el endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana durante 2026. En los últimos meses, Washington ha anunciado sucesivos paquetes dirigidos contra funcionarios, empresas estatales y estructuras económicas que considera vinculadas al sostenimiento financiero y político del Gobierno cubano.
El mensaje de la Administración Trump es cada vez más explícito: las sanciones ya no buscan únicamente alcanzar a funcionarios cubanos, sino también aumentar el riesgo financiero para compañías, bancos e intermediarios extranjeros que continúen haciendo negocios con determinadas entidades estatales de la isla.
Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, OFAC y Reuters.
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