Washington, 13 de mayo de 2025 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes la reincorporación de Cuba a la lista de países que «no cooperan plenamente» con los esfuerzos antiterroristas estadounidenses, revirtiendo así una decisión tomada en mayo de 2024 por la administración Biden. Esta medida marca un nuevo endurecimiento de la política exterior de Washington hacia La Habana y se enmarca en la estrategia de línea dura impulsada por la actual administración del presidente Donald Trump.
Según Rubio, la decisión responde a la supuesta negativa del gobierno cubano a colaborar en la extradición de individuos reclamados por la justicia estadounidense, así como a su presunto respaldo a organizaciones clasificadas como terroristas por Washington, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas FARC. También citó la protección brindada a personas como Joanne Chesimard (Assata Shakur), condenada en EE.UU. por el asesinato de un agente de policía en 1973.
Un giro frente a la política de Biden
La lista de países que «no cooperan plenamente» con los esfuerzos antiterroristas se elabora anualmente por el Departamento de Estado. Aunque no conlleva sanciones económicas tan severas como la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo», sí implica restricciones en la venta de armamento y puede tener efectos indirectos sobre el comercio y la percepción internacional del país involucrado.
En mayo de 2024, el gobierno de Joe Biden había retirado a Cuba de esta categoría, citando avances en la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la política hacia Cuba ha dado un giro radical. El 21 de enero, tan solo un día después de su investidura, la isla fue también reincorporada a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que agrava significativamente las restricciones económicas y diplomáticas impuestas a La Habana.
Consecuencias e impacto
El regreso de Cuba a esta lista ha suscitado preocupación entre analistas internacionales y actores económicos, quienes advierten que estas decisiones pueden profundizar la ya crítica situación económica en la isla, caracterizada por escasez de alimentos, medicamentos, combustible y una fuerte contracción productiva. Aunque la prohibición de ventas de armas ya estaba vigente por el embargo, la inclusión en estas listas tiende a disuadir a bancos y empresas internacionales de establecer vínculos con el país.
Por su parte, el gobierno cubano ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, calificándolas de manipulaciones políticas. En anteriores declaraciones, el canciller Bruno Rodríguez señaló que Cuba ha sido víctima de acciones terroristas —como el ataque con arma de fuego contra su embajada en Washington en 2020— y defendió su papel como facilitador en procesos de paz, incluyendo el apoyo a las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016.
Marco Rubio: el rostro de la nueva política hacia Cuba
Marco Rubio, de origen cubanoamericano y figura influyente en la política hacia América Latina, ha sido un firme defensor de una postura inflexible frente al gobierno cubano. Desde su nuevo rol como secretario de Estado, ha reforzado esta línea. En declaraciones recientes en su cuenta oficial en la red social X, expresó: “Debemos a las víctimas y al pueblo estadounidense nuestro compromiso inquebrantable de exigir cuentas al régimen cubano”.
Rubio también ha señalado a Cuba, junto a Venezuela y Nicaragua, como parte de un eje de regímenes «enemigos de la humanidad», frase que ha suscitado críticas por su dureza retórica, pero que evidencia la intención de Washington de aislar diplomáticamente a estos gobiernos en foros multilaterales y reforzar las sanciones bilaterales.
Una relación aún más tensa
La reintegración simultánea de Cuba en ambas listas —la de países no cooperantes y la de patrocinadores del terrorismo— estrecha aún más el margen para un eventual diálogo bilateral. Mientras la administración Biden apostaba por la distensión y la negociación, la actual estrategia estadounidense parece enfocada en ejercer máxima presión política y económica.
En este contexto, se espera un deterioro adicional de las relaciones bilaterales, que ya se encontraban en un punto bajo. Sectores como el turismo, la inversión extranjera y las remesas podrían verse aún más afectados por el aumento de la percepción de riesgo jurídico y financiero que conlleva esta designación.
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