Una opinión legal secreta del Departamento de Justicia de Estados Unidos autoriza el uso de fuerza letal contra una lista confidencial de cárteles y presuntos narcotraficantes, según revelaron varias fuentes a CNN. El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, permite al presidente ordenar ataques directos al considerar que dichas organizaciones representan una amenaza “inminente” para la seguridad nacional y la vida de los estadounidenses.
El alcance de esta lista va más allá de los grupos que el gobierno ha reconocido públicamente como organizaciones terroristas extranjeras, y otorga al Ejecutivo una amplia discreción para clasificar a grupos criminales como “combatientes enemigos” sin revisión judicial previa.
El memorando del Departamento de Defensa presentado al Congreso la semana pasada cita directamente esta opinión de la OLC como base legal para ataques recientes en el Caribe, donde embarcaciones sospechosas de traficar drogas fueron destruidas por fuerzas estadounidenses. En uno de los casos, ocurrido frente a las costas de Venezuela, un video publicado por el secretario de Defensa Pete Hegseth muestra un barco siendo impactado por un ataque militar. Según el propio Hegseth, cuatro personas murieron en la operación y el buque transportaba narcóticos.
Sin embargo, abogados del Pentágono y juristas militares han expresado reservas sobre la legalidad de esta doctrina. Varios miembros del cuerpo jurídico militar (JAG) señalaron a CNN que estas acciones “no parecen compatibles con el derecho internacional ni con el marco legal interno que rige las operaciones contra el narcotráfico”.
Aun así, la opinión de la OLC prevalece dentro del Ejecutivo estadounidense y se convierte en la interpretación legal vinculante para el resto de las agencias. Según fuentes del Pentágono, los asesores jurídicos militares no pueden contradecir oficialmente dicha posición.
La política también amplía las facultades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas y misiones letales contra estructuras del narcotráfico en América Latina. Dos fuentes con conocimiento directo del asunto confirmaron que el presidente Donald Trump actualizó las autoridades de la agencia a la par de un decreto presidencial secreto que ordena operaciones militares contra cárteles en el hemisferio occidental.
Según informes previos de CNN, la CIA ya ha desplegado drones de vigilancia con capacidad ofensiva sobre territorio mexicano y evalúa una ampliación de sus actividades en la región, bajo un “mandato abierto” de la llamada findingpresidencial para acciones de contra-narcotráfico, vigente desde la década de 1980.
Expertos en derecho internacional han advertido que esta nueva doctrina difumina la línea entre la lucha antinarcóticos y los conflictos armados, otorgando al Ejecutivo la potestad de emplear fuerza militar sin las garantías procesales tradicionales. También destacan el riesgo de que ciudadanos estadounidenses o residentes legales en la región puedan verse afectados por ataques dirigidos, lo que abriría la puerta a demandas contra el propio gobierno de EE.UU.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el Pentágono han hecho pública la opinión legal ni respondido a las solicitudes formales del Congreso para revisar su contenido. La fiscal general Pam Bondi deberá comparecer ante el Capitolio para explicar la base jurídica de estas acciones, mientras la administración mantiene su postura de que los cárteles constituyen “una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense”.
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