LA HABANA. — Miguel Díaz-Canel volvió a presentarse este miércoles como un presidente dispuesto a “escuchar al pueblo”, pero no necesita un nuevo programa de radio para conocer el tamaño del descontento que existe en Cuba. Basta con que lea, sin filtros, los comentarios publicados por los propios ciudadanos debajo de las publicaciones de la Presidencia. Allí aparecen, uno tras otro, reclamos por hambre, apagones, falta de agua, salarios insuficientes, jubilaciones miserables, problemas bancarios, burocracia y servicios públicos que no funcionan.
La Presidencia volvió a promocionar Criterio Compartido como un espacio de participación ciudadana y aseguró que “la agenda la estamos construyendo entre todos”. Sin embargo, la reacción de numerosos usuarios bajo la propia publicación oficial expone una realidad mucho menos cómoda. “Vulnerables somos la mayoría”, escribió Ruslan García Pérez, antes de calificar el programa como una distracción y resumir las prioridades de una parte importante de la población en dos palabras: “corriente y comida”.
Otro comentario fue todavía más contundente. Rolando Casas Pérez cuestionó el uso constante del término “vulnerables” y afirmó que el Gobierno no quiere reconocer que su gestión ha sido “la peor de la historia”. Su conclusión resulta demoledora para el discurso presidencial: “Han hecho un pueblo entero vulnerable”. No es una frase elaborada por la oposición ni por un medio extranjero: aparece bajo una publicación de la propia Presidencia de Cuba.
Tatiana Broche escribió que hay “mucho que resolver para perder el tiempo” mientras Cuba permanece “sin corriente, sin agua, sin nada”. Maylen Valdés dejó un mensaje todavía más elemental y desesperado desde Alamar: “¡Agua, queremos agua!”. Aida Saúco preguntó cuándo llegará alguna solución para los jubilados que reciben menos de 4.000 pesos, mientras Luis Álvarez reclamó saber cuándo aumentarán los salarios más bajos.
Son precisamente esos comentarios los que desmontan la imagen de un país cuyos problemas podrían resolverse mediante llamadas telefónicas seleccionadas para un programa radial. Cuando un ciudadano tiene que llamar al presidente para conseguir que le limpien un alcantarillado, se tramite una tierra, se atienda una pensión o se resuelva un problema administrativo, lo que queda en evidencia no es la eficiencia del Estado, sino el fracaso de las estructuras que debían resolver esos problemas mucho antes.
Yaris de Cuba formuló una de las preguntas más reveladoras de toda la discusión: “¿Hace falta decirle a un presidente que hay problemas con el alcantarillado de un municipio? ¿Dónde están los encargados de atender esas cosas? Por eso es que este país no funciona”. Tamara González Serrano fue igual de clara al referirse a Holguín: aseguró que una comisión “solo trabaja si usted lo manda”. Ese tipo de comentarios retrata un Estado excesivamente centralizado, donde demasiadas cosas parecen necesitar una orden desde arriba para comenzar a moverse.
Pedro Luis Rodríguez Castro añadió un ejemplo todavía más incómodo para la narrativa oficial. Aseguró que presentó en abril una reclamación ante oficinas de Atención a la Población del Comité Central y el Consejo de Estado por problemas relacionados con personas vulnerables y discapacitadas en La Lisa, y que meses después todavía no había recibido respuesta. “Saquen sus propias conclusiones”, escribió.
También aparece el drama de quienes supuestamente deberían ser precisamente la prioridad del Gobierno. Neisy Muñoz describió desde Morón las dificultades de personas con discapacidad que no pueden obtener determinados documentos por falta de papel y que, según su relato, llegan a pasar horas intentando cobrar pensiones que ya son insuficientes. Su denuncia resume una contradicción difícil de esconder: el Gobierno habla de proteger a los vulnerables mientras ciudadanos describen a ancianos y discapacitados haciendo colas, mendigando atención administrativa y enfrentándose a pensiones que apenas alcanzan para sobrevivir.
Los problemas tampoco terminan ahí. Orlando Pérez Atencio cuestionó la “bancarización forzosa” y esperaba que el Gobierno reconociera los errores de haberla aplicado en las condiciones actuales del país. Otro usuario resumió el absurdo: “No hay dinero en el banco” y, al mismo tiempo, “no se acepta pago electrónico”. Italia M. Sánchez preguntó cómo puede realmente el ciudadano “poner la agenda” del programa si ni siquiera existe un mecanismo suficientemente claro, transparente y permanente para enviar preguntas y garantizar que queden registradas.
Otros comentarios fueron todavía más directos. Susy Reyes escribió: “Por radio no se resuelve el hambre y la miseria que hay en Cuba”. Raúl C. Morales afirmó que los programas de radio, las promesas y las justificaciones “no proporcionan alimentos, ni agua ni medicamentos” y calificó el espacio como propaganda. Deine Igarza reclamó que Díaz-Canel deje el “radiecito” y se presente ante el pueblo para explicar la desorganización del país.
Incluso algunos comentarios favorables al programa terminan revelando involuntariamente el problema. Jacinto Salit escribió que “la opinión popular es el mejor termómetro para medir y evaluar la gestión gubernamental” y recordó la idea de que el país debe dirigirse atendiendo al estado de opinión del pueblo. Precisamente por eso Díaz-Canel debería leer cuidadosamente lo que ocurre debajo de sus propias publicaciones. Ese termómetro está marcando una temperatura política y social extremadamente alta.
El Gobierno puede seleccionar 24 llamadas, 50 llamadas o cien llamadas para un espacio radial. Puede presentar algunos casos solucionados, enviar funcionarios a visitar determinadas familias y mostrar después esas respuestas como prueba de sensibilidad institucional. Pero ningún programa cuidadosamente conducido puede ocultar una realidad que aparece todos los días en los propios canales oficiales: miles de cubanos están cansados de que los problemas elementales de su vida cotidiana se acumulen durante años mientras desde el poder se multiplican reuniones, consignas y programas de comunicación.
Además, el propio caso presentado por Díaz-Canel como éxito resulta revelador. Una ciudadana llevaba meses intentando obtener una tierra para un proyecto productivo y solo después de intervenir en el programa presidencial su expediente fue revisado y apareció una solución en apenas tres días. La pregunta inevitable es por qué esa solución no apareció tres meses antes. Si una llamada al presidente consigue en 72 horas lo que la burocracia no resolvió durante meses, el problema no era la inexistencia de una solución: era el funcionamiento del sistema.
Díaz-Canel asegura que la “vocación humanista” de la Revolución consiste en atender a todos. Pero la publicación oficial reconoce al mismo tiempo que más de 800.000 personas requieren atención diferenciada. Esa cifra no debería utilizarse únicamente para demostrar cuánto hace el Estado por los vulnerables. También obliga a preguntar cómo un país que durante décadas prometió igualdad y protección social terminó con cientos de miles de personas dependiendo de ayudas especiales para cubrir necesidades básicas.
Y hay una diferencia fundamental entre escuchar y permitir que la ciudadanía decida. Escuchar llamadas no equivale a rendir cuentas. Escoger preguntas no equivale a pluralismo. Resolver individualmente varios casos no sustituye instituciones funcionales. Y repetir que “la agenda la pone usted” no significa demasiado si la población carece de mecanismos independientes para exigir responsabilidades a quienes gobiernan.
Si Díaz-Canel quiere conocer verdaderamente lo que piensa una parte considerable del pueblo cubano, tiene una herramienta mucho más sencilla que Criterio Compartido: sus propias redes sociales. Allí están las preguntas que probablemente ningún funcionario quiere poner sobre la mesa. ¿Por qué falta el agua? ¿Por qué los jubilados no pueden vivir de sus pensiones? ¿Por qué no alcanza el salario? ¿Por qué los bancos no tienen efectivo? ¿Por qué tantos problemas necesitan llegar hasta el presidente para que alguien decida resolverlos?
El pueblo ya está hablando. El problema no parece ser que Díaz-Canel no tenga dónde escucharlo. El problema es qué hace su Gobierno después de escucharlo.
Y si realmente pretende gobernar atendiendo al “estado de opinión del pueblo”, como reclaman incluso algunos de sus seguidores, entonces debería empezar por asumir el mensaje que se repite debajo de sus propias publicaciones: Cuba no necesita otro programa de radio para que le expliquen sus problemas. Necesita agua, electricidad, alimentos, medicamentos, salarios dignos, pensiones suficientes y unas instituciones capaces de funcionar sin que cada ciudadano tenga que pedir auxilio directamente al presidente.
Fuente: publicación de Presidencia de Cuba y comentarios públicos de usuarios en esa misma publicación.
#Cuba #DíazCanel #CriterioCompartido #CrisisEnCuba #CubaHerald
