LA HABANA. — El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este miércoles a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, para expresarle personalmente el respaldo de Washington frente al hostigamiento que, según denunció la propia Embajada estadounidense, continúa sufriendo después de ser condenada junto a su madre a dos años de limitación de libertad.
La representación diplomática estadounidense fue especialmente contundente. “Expresar su opinión y creencia en Dios y valores cristianos no es delito”, afirmó la Embajada al informar sobre el encuentro, en una clara defensa de la joven y de su derecho a expresar públicamente sus convicciones religiosas y políticas. La visita se produce apenas seis días después del juicio celebrado el 1 de octubre en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este.
Pero el mensaje de Washington fue mucho más allá. La Embajada cuestionó directamente la actuación de agentes de la Seguridad del Estado que operan vestidos de civil y lanzó una pregunta particularmente incómoda para las autoridades cubanas: “¿Por qué los agentes del Estado no van uniformados y temen tanto a ser identificados?”. La sede diplomática recordó además que esos mismos agentes y sus informantes suelen grabar a ciudadanos, activistas y periodistas durante operativos y actos públicos.
La frase toca precisamente el centro del polémico caso contra Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron procesadas después de que un agente del Ministerio del Interior acudiera vestido de civil hasta la puerta de su viviendapara entregar una citación y el encuentro fuera grabado y posteriormente difundido. El proceso terminó con una condena de dos años de limitación de libertad para cada una por un delito relacionado con la intimidad, la imagen y la voz.
La contradicción resulta difícil de ignorar: el Estado cubano mantiene un amplio aparato de vigilancia capaz de fotografiar, filmar y seguir a ciudadanos críticos, pero terminó llevando ante un tribunal a dos mujeres por documentar la actuación de un funcionario que se presentó en su propia casa en cumplimiento de funciones oficiales. Precisamente ese doble rasero es el que ahora pone sobre la mesa la Embajada estadounidense.
Hammer no se limitó a expresar solidaridad. La representación diplomática agregó una advertencia de considerable peso político: “Al igual que otras misiones diplomáticas estamos tomando nota”. La frase indica que el caso de Anna Bensi ha dejado de ser exclusivamente un conflicto entre dos ciudadanas y las autoridades cubanas y está recibiendo seguimiento desde el cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
El juicio del pasado 1 de octubre estuvo además acompañado por denuncias de vigilancia, detenciones y restricciones contra activistas, cristianos y periodistas que intentaban acompañar a Anna y a su madre. Entre los casos reportados estuvo la detención del activista cristiano conocido como Pregonero de Cristo, mientras otros ciudadanos denunciaron presencia policial y vigilancia alrededor de sus viviendas. Estos incidentes profundizaron los cuestionamientos sobre el carácter del proceso y sobre el nivel de presión desplegado alrededor de dos mujeres cuyo caso comenzó, esencialmente, con un video grabado frente a su propia casa.
La Embajada cerró su pronunciamiento con otra frase difícil de interpretar como simple lenguaje diplomático: “Un gobierno responsable pondría fin a estas prácticas. ¿Pero en Cuba?”. Es una crítica abierta a los métodos de vigilancia y hostigamiento atribuidos a la Seguridad del Estado y uno de los pronunciamientos más explícitos de Washington en respaldo a Anna Bensi desde que comenzó su proceso judicial.
Para el Gobierno cubano, que ha defendido públicamente el proceso judicial y sostiene que sus instituciones actuaron conforme a la legislación vigente, la visita de Hammer representa un nuevo frente de presión internacional. Para Anna Bensi y Caridad Silvente, en cambio, significa que su caso continúa bajo observación diplomática incluso después de dictada la sentencia.
Lo ocurrido plantea además una pregunta que las autoridades cubanas todavía no han respondido de manera convincente: si documentar a un agente que llega hasta la puerta de una vivienda puede terminar en una condena penal, ¿qué protección real tiene un ciudadano cuando intenta dejar constancia de la actuación de un funcionario del Estado?
Fuente: Embajada de Estados Unidos en Cuba y reportes de prensa sobre el caso Anna Bensi.
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