El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaría considerando un ajuste en su estrategia de aplicación de la ley migratoria, orientándola de manera prioritaria hacia inmigrantes en situación irregular con condenas por delitos graves, según información publicada por Fox News, que cita reportes obtenidos por otros medios estadounidenses.
De acuerdo con esa información, el posible cambio implicaría reducir las redadas de gran escala en espacios públicos y laborales —como las realizadas en meses recientes en tiendas, lavaderos de autos o zonas de alta concentración de trabajadores— para dar paso a operativos más focalizados, dirigidos a personas con antecedentes penales serios. El nuevo enfoque estaría bajo la coordinación del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, según los reportes citados.
No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el DHS ni por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A día de hoy, las redadas y paradas migratorias continúan registrándose en distintas ciudades, incluido el sur de Florida, lo que genera confusión entre comunidades inmigrantes y abogados especializados.
Los reportes señalan que, aun con un eventual cambio de enfoque, seguirían realizándose paradas de tráfico y operativos selectivos, aunque sería menos frecuente la retirada masiva de personas de las calles. Sin embargo, la ausencia de un comunicado oficial deja abiertas múltiples interrogantes sobre el alcance real, el calendario y la aplicación práctica de este supuesto giro estratégico.
El contexto político también pesa sobre este debate. Encuestas recientes citadas en los informes indican un descenso en el respaldo público a las políticas de deportación masiva impulsadas por el presidente Donald Trump, tanto entre votantes en general como dentro de comunidades inmigrantes, muchas de las cuales expresan sentirse menos seguras ante el aumento de operativos.
En paralelo, el DHS mantiene operaciones activas en varias ciudades del país. En Nueva Orleans, por ejemplo, continúa una operación denominada Catahoula Crunch, donde ya se han producido cientos de arrestos y cuyo objetivo, según los reportes, sería alcanzar varios miles en las próximas semanas.
Mientras no exista una confirmación oficial clara, abogados de inmigración recomiendan cautela y recuerdan que cualquier persona puede verse afectada por operativos en curso, independientemente de los anuncios extraoficiales. Organizaciones comunitarias, por su parte, insisten en la necesidad de transparencia institucional para evitar desinformación y ansiedad innecesaria entre las familias.
Por ahora, el escenario sigue marcado por la incertidumbre: un posible cambio de discurso sobre prioridades, pero una realidad en la calle donde las redadas siguen ocurriendo, a la espera de definiciones formales por parte del DHS.
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